Palestina y el contexto del genocidio
10. Los patrones históricos de genocidio demuestran que la persecución, la discriminación y otras fases preliminares preparan el terreno para la fase de aniquilación del genocidio20. En Palestina, desplazar y borrar la presencia árabe indígena ha sido una parte inevitable de la formación de Israel como “Estado judío”21. En 1940, Joseph Weitz, jefe del Departamento de Colonización Judía, declaró que no había espacio para que ambos pueblos pudieran vivir juntos en el país; que la única solución era una Palestina sin árabes; y que no había otra vía que transferirlos a todos: no debía quedar ni una sola aldea, ni una sola tribu22.
11. Las prácticas que condujeron a la limpieza étnica masiva de la población no judía de Palestina tuvieron lugar entre 1947 y 1949, y de nuevo en 1967, cuando Israel ocupó la Ribera Occidental, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, generando desplazamientos masivos de cientos de miles de personas, matanzas, destrucción de pueblos y ciudades, saqueos y denegación del derecho de retorno a los palestinos expulsados.
12. Desde 1967, Israel ha impulsado su proyecto colonial de asentamiento mediante la ocupación militar, despojando al pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación23. El resultado ha sido la segregación y el control de los palestinos, entre otras cosas mediante la confiscación de tierras, la demolición de casas, la revocación de residencias y la deportación24. Castigando su condición autóctona y su rechazo a la colonización, Israel ha designado a los palestinos como “amenaza para la seguridad” para justificar su opresión y “descivilización”, es decir, la negación de su estatuto de civiles protegidos25.
13. Israel ha convertido progresivamente Gaza en un enclave altamente controlado26. Desde la evacuación de los colonos israelíes en 2005 (a la que se opuso firmemente el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu)27, el movimiento de colonos israelíes y sus dirigentes han caracterizado Gaza como un territorio que hay que “recolonizar” y a su población como invasores que hay que expulsar28. Esas reivindicaciones ilícitas forman parte integrante del proyecto de consolidar el “derecho exclusivo e irrefutable” del pueblo judío sobre la tierra del “Gran Israel”, como reafirmó el primer ministro Netanyahu en diciembre de 202229.
14. Este es el trasfondo histórico en el que se están desarrollando las atrocidades en Gaza.
(Párrafos del Informe “Anatomía de un genocidio”, realizado por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, y cuya versión previa fue hecha pública el 25 de marzo de 2024)
Hay que seguir gritando, denunciando y actuándo contra el genocidio en Palestina, cada quien como pueda o se le ocurra, y en Iraultzak lagunduz en esta ocasión lo vamos a hacer, haciéndonos eco de algunos de los mejores textos posibles. No nos encontramos entre quienes tienen algún tipo de confianza o esperanza en los informes de instituciones internacionales tipo ONU, pero tampoco nos cuesta reconocer (y alabar su inmenso valor) cuando aparecen excepciones tan maravillosas como los tres informes elaborados desde que comenzó la masacre genocida de Israel contra Palestina por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, cuyos títulos hemos utilizado para la cabecera de esta entrada.
En las últimas semanas ha tenido una cierta difusión el último de esos informes, el titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio (del que al final de la entrada os dejaremos una versión completa en castellano, no oficial, pues todavía no existe, sino pasada por un traductor neuronal). Como el mundo actual es como es, no lo ha sido tanto por su magnífico trabajo, sino porque, por ello, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo la importancia de su trabajo es tremenda ya que, como señalan Juan Hernández y Pedro Ramiro de OMAL:
“ha puesto cara y ojos a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas son ejecutoras del exterminio, otras colaboradoras y algunas más cooperadoras necesarias: todas ellas, en mayor o menor medida, son esenciales para sostener una masacre que no podría ejecutarse sin su concurso, del que además obtienen unos dividendos muy importantes”,
Ello, en nuestro inmediato, Euskal Herria, ha supuesto leer en un informe de la ONU la denuncia contra CAF que desde hace mucho tiempo realizan los movimientos populares de este país, su colaboración la política expansionista de Israel, que la convierte ahora en colaboradora indirecta de la operación genocida de ese Estado:
Construcción: casa en terreno robado
49. Más de 371 colonias y puestos de avanzada ilegales han sido construidos, alimentados y comercializados por empresas que facilitan la sustitución por parte de Israel de la población indígena en el territorio palestino ocupado.[145] En 2024, esto se intensificó después de que la administración de las colonias pasara del gobierno militar al civil y se duplicara el presupuesto del Ministerio de Construcción y Vivienda, con 200 millones de dólares asignados para la construcción de colonias.[146] De noviembre de 2023 a octubre de 2024, Israel estableció 57 nuevas colonias y puestos de avanzada,[147] con empresas israelíes e internacionales que suministraron maquinaria, materias primas y apoyo logístico.
(...)
51. Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para el establecimiento y la expansión de las colonias, y para conectarlas con Israel, excluyendo y segregando a los palestinos.[153] Las Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles [154] españolas/vascas se unieron a un consorcio con una empresa que cotiza en la base de datos del ACNUDH para mantener y ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde, [155] en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional.[156] Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste.[157] Se han utilizado excavadoras y maquinaria Doosan y Volvo,[158] y la filial de Heidelberg suministró materiales para un puente ferroviario ligero.[159]
Para desgracia de los gerifaltes de CAF y de los poderes israelíes y estadounidenses Francesca Albanese no es una advenediza que haya alcanzado el puesto de Relatora Especial de la ONU para la cuestión palestina sin apenas conocimiento sobre la materia, todo lo contrario, según recoge la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es:
afiliada del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown y asesora principal sobre migración y desplazamiento forzoso del grupo de reflexión Renacimiento Árabe para la Democracia y el Desarrollo (ARDD), donde cofundó la Red Global sobre la Cuestión de Palestina (GNQP), una coalición de profesionales y académicos de renombre dedicados a Israel/Palestina. Ha publicado ampliamente sobre la situación jurídica de Israel/Palestina; su último libro, Palestinian Refugees in International Law (Oxford University Press, 2020), ofrece un análisis jurídico exhaustivo de la situación de los refugiados palestinos desde sus orígenes hasta la realidad actual. Imparte regularmente clases y conferencias sobre Derecho Internacional y Desplazamiento Forzado en universidades europeas y árabes, y participa con frecuencia en conferencias y actos públicos sobre la situación jurídica de Palestina. Trabajó durante una década como experta en derechos humanos para las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina. En estos puestos, asesoró a la ONU, a los gobiernos y a la sociedad civil en Oriente Medio, el Norte de África y Asia-Pacífico, sobre la aplicación de las normas de derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables, como los refugiados y los migrantes. Es licenciada en Derecho (con matrícula de honor) por la Universidad de Pisa y tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Londres, SOAS
Sin embargo, Francesca Albanese ha realizado y publicado con anterioridad otros dos increíblemente buenos informes (de lo mejor que conocemos sobre la cuestión), que, sorprendentemente (o, por desgracia, no tanto), no han contado con el mismo eco mediático, y que os vamos a acercar con esta entrada.
Anatomía de un genocidio
A nosotras no nos hace falta conocer su currículo, nos basta y nos sobre con conocer sus impresionantes informes, principalmente sabiendo que, además, los elabora y publica desde un marco tan poco dado a la claridad y la denuncia sin pelos en la lengua, como suele ser el de Naciones Unidas. Pero ese no es el caso de Francesca Albanese. Así, en el primer informe, Anatomía de un genocidio (no dejéis de leerlo completo, no os arrepentiréis), publicado a los cinco meses del inicio de la masacre israelí contra Palestina, cuando tiene que denunciar con nombres y apellidos, lo hace. Por ejemplo:
50. En el último ataque a Gaza, las pruebas directas de la intención genocida están presentes como en ningún otro caso. La vitriólica retórica genocida ha caracterizado a toda la población como un enemigo que debe ser eliminado y desplazado por la fuerza149. Funcionarios israelíes de alto rango con autoridad de mando han emitido declaraciones públicas horripilantes que ponen de manifiesto la existencia de intención genocida; he aquí algunas:
a) El presidente Isaac Herzog declaró que “toda una nación ahí fuera... es responsable” del atentado del 7 de octubre y que Israel les “iba a romper el espinazo”150;
b) El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se refirió a los palestinos como “Amalec”151 y “monstruos”152. La referencia a Amalec procede de un pasaje bíblico en el que Dios ordena a Saúl: “Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos”153;
c) El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, se refirió a los palestinos como “animales humanos”154, y anunció una “ofensiva total” sobre Gaza, una vez “canceladas todas las restricciones”, y declaró que “Gaza nunca volverá a ser lo que era”155;
d) El portavoz de las Fuerzas de Israel, Daniel Hagari, declaró que había que centrarse en “maximizar los daños”, lo que demuestra una estrategia de violencia desproporcionada e indiscriminada156;
e) El Ministro de Agricultura, Avi Dichter, se refirió a la acción israelí como “la Nakba de Gaza”157;
f) El Ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, pidió atacar Gaza con “bombas nucleares”158;
g) La diputada de la Knesset por el partido Likud, Revital Gottlieb, escribió en su publicación en las redes sociales: “¡Derribad los edificios! ¡Bombardead sin hacer distinciones! ¡Aplastad Gaza! ¡Sin piedad! Esta vez, ¡no hay lugar para la piedad!”159.
51. Tales llamamientos a la violencia aniquiladora, dirigidos a las tropas israelíes en servicio160, constituyen una prueba contundente de incitación directa y pública a cometer genocidio161. Décadas de discurso que deshumaniza a los palestinos han preparado el terreno para tales incitaciones162.
52. Desde el 7 de octubre, en la proliferación de declaraciones que incitan al genocidio han participado también varios sectores de la sociedad israelí, líderes religiosos163, periodistas164 artistas165 y diversos profesionales, entre ellos médicos166 y comentaristas políticos167.
53. Hay pruebas contundentes de que las tropas sobre el terreno han interiorizado estas declaraciones y han actuado en consecuencia168. Soldados israelíes, en particular en canales de medios sociales gestionados por el ejército israelí169, se han referido a los palestinos como “terroristas”, “cucarachas” y “ratas”170, y han repetido términos acuñados por dirigentes políticos, coreando que “no hay ‘civiles no implicados’”171, al tiempo que pedían la construcción de asentamientos en Gaza172, “ocup[ando] Gaza... borra[ndo] la semilla de Amalec”173, jactándose de matar “familias, madres y niños”174, humillando a palestinos detenidos175, volando docenas de casas176, destruyendo barrios residenciales enteros177 y profanando cementerios y lugares de culto178.
54. El Primer Ministro y el Presidente de Israel han declarado que Israel combatía, en nombre de “todos los Estados y pueblos… civilizados”179, “una barbarie que no tiene cabida en el mundo moderno”180, y que ellos “extirparían el mal de raíz y sería bueno para toda la región y el mundo”181. Esta retórica racista se hace eco de la de otras potencias coloniales e intenta hacer pasar la violencia genocida israelí por legítima, habida cuenta del supuesto carácter “bárbaro” y “premoderno” de los palestinos182.
Y en sus análisis sobre la situación no edulcora con lenguaje administrativo o diplomático la necesaria contundencia sobre los hechos:
57. Sobre el terreno, la distorsión del derecho internacional humanitario, enunciada por Israel como política de Estado en sus documentos oficiales, ha transformado a todo un grupo nacional y su espacio vital en un objetivo susceptible de destrucción, poniendo de manifiesto una conducción de las hostilidades de carácter eliminacionista. Esto ha tenido efectos devastadores, costando la vida a decenas de miles de civiles palestinos, destruyendo el entramado que estructura la vida en Gaza y causando daño irreparable. Ello ilustra una clara pauta de conducta, de la que la intención genocida es la única inferencia que razonablemente puede extraerse186.
(…)
62. No obstante, las autoridades israelíes han vinculado arbitrariamente iglesias207, mezquitas208, escuelas209, instalaciones de las Naciones Unidas210, universidades211, hospitales y ambulancias212 con Hamás para reforzar la percepción de una población caracterizada en términos generales como “cómplice” y, por tanto, eliminable. Un número considerable de civiles palestinos son definidos como escudos humanos por el mero hecho de encontrarse en “las proximidades” de posibles objetivos israelíes213. De este modo, Israel ha transformado Gaza en un “mundo sin civiles” en el que “todo, desde refugiarse en hospitales hasta huir para ponerse a salvo, se declara que es una variante de escudo humano”214. La acusación de utilizar escudos humanos se ha convertido así en un pretexto utilizado para justificar la matanza de civiles bajo un manto de supuesta legalidad, cuya omnipresencia solo explica una intención genocida.
(…)
68. Justificar racionalmente las pautas de los ataques contra objetivos civiles, matando a sabiendas a civiles en masse, se ha convertido en una estrategia militar, basada en lo que constituyen probables crímenes de guerra, presentándolos como conformes al derecho internacional humanitario. De esta estrategia se infiere, razonable y únicamente, la existencia de una política genocida.
(…)
85. Mientras se llevaban a cabo las evacuaciones y creaban las zonas seguras, altos responsables israelíes abogaban por el reemplazo colonial de la población por colonos. El Primer Ministro abogó por la transferencia étnica276; el Ministro de Finanzas expresó su apoyo a la expulsión de 2 millones de palestinos de Gaza277; el Ministro de Seguridad Nacional declaró que la guerra era una oportunidad para “concentrarse en fomentar la migración de los residentes de Gaza”; mientras que otros ministros del Consejo abogaron por que los palestinos fueran reasentados278 en el Sinaí279, en países occidentales280 y en otros lugares281. El Ministro de Comunicaciones reveló que la expulsión de los palestinos evacuados fuera de Gaza se debatió “en reuniones gubernamentales”282. El 12 de enero, los ministros del gabinete israelí asistieron a una conferencia para la recolonización de Gaza y la expulsión de los palestinos283.
86. La pauta de matanzas de civiles que evacuaron la zona dirigiéndose hacia el sur, en combinación con las declaraciones de algunos altos cargos israelíes en las que manifestaban su intención de desplazar por la fuerza a los palestinos fuera de Gaza y sustituirlos por colonos israelíes, llevan, razonablemente, a la conclusión de que las órdenes de evacuación y las zonas seguras se han utilizado como herramientas genocidas para cometer una limpieza étnica.
En la misma línea, son reseñables las conclusiones del informe:
VII. Conclusiones
93. La naturaleza y escala abrumadoras del asalto israelí a Gaza y las destructivas condiciones de vida que ha infligido ponen al descubierto la intención de eliminar físicamente a los palestinos como grupo. El presente informe considera que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que señala la comisión de los siguientes actos de genocidio contra palestinos en Gaza: matanza de miembros del grupo; causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Los actos genocidas se aprobaron y se hicieron efectivos tras las declaraciones de intención genocida formuladas por altos mandos militares y responsables gubernamentales.
94. Israel ha tratado de ocultar su conducción eliminacionista de las hostilidades defendiendo la comisión de crímenes internacionales como si fuera acorde con el derecho internacional humanitario. Al distorsionar las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, Israel ha tratado de facto a todo un grupo protegido y a su infraestructura vital como “terrorista” o “de apoyo al terrorismo”, transformando así todo y a todos en un objetivo o en un daño colateral, por lo tanto susceptible de eliminación o destrucción. De este modo, ningún palestino en Gaza está a salvo por definición. Esto ha tenido efectos devastadores e intencionados, costando la vida a decenas de miles de palestinos, destruyendo el tejido vital en Gaza y causando daños irreparables a toda su población. Constituye un patrón de conducta del que solo cabe inferir razonablemente la existencia de una política estatal de violencia genocida contra el pueblo palestino de Gaza.
95. El genocidio israelí contra los palestinos de Gaza es una fase agravada de un largo proceso colonial de asentamiento tendente al borrado existencial. Durante más de siete décadas, este proceso ha asfixiado al pueblo palestino como grupo ―demográfica, cultural, económica y políticamente― buscando desplazarlo y expropiar y controlar sus tierras y recursos. La Nakba en curso debe detenerse y remediarse de una vez por todas. Es un imperativo categórico que debemos a las víctimas de esta tragedia, que se debía y debe evitar por todos los medios, y a las futuras generaciones que habitarán esa tierra.
El genocidio como supresión colonial
Poco más de seis meses después de la publicación de Anatomía de un genocidio, la relatora de la ONU Francesca Albanese, publicaba un nuevo informe titulado El genocidio como supresión colonial, en el que, como ya se recoge en la introducción:
(…) La Relatora Especial se centra en la intención genocida y contextualiza la situación actual dentro de un proceso de expansión territorial y depuración étnica que ha durado décadas y cuyo objetivo ha sido aniquilar la presencia palestina en Palestina. La Relatora Especial sugiere que el genocidio debe considerarse un componente esencial y decisivo del objetivo de Israel de colonizar completamente la tierra palestina expulsando al mayor número posible de palestinos.
Hay que resaltar que, a pesar de sus muchos intentos, la relatora lleva años sin que el estado de Israel le permita el acceso al territorio palestino ocupado, lo que, aun dificultándolo, no ha impedido una labor de investigación que detalla:
2. El presente informe se basa en investigaciones y análisis jurídicos, entrevistas con víctimas y testigos, realizadas en Jordania y Egipto, información de fuentes de acceso libre y aportaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil
Añadamos a ello que el texto, de 33 páginas, cuenta con 321 notas al pie donde se da cuenta detallada de las fuentes en las que basa sus datos y afirmaciones. Algo que se repite en sus tres informes.
En el documento la Relatora reseña que con posterioridad al primer informe:
en su opinión consultiva de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró que la presencia prolongada de Israel en todo el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido su régimen de colonias 4, era ilegal5 y tenía por objeto la anexión6. Afirmó que la anexión israelí está concebida para ser permanente, crea “efectos irreversibles sobre el terreno”7 , “menoscaba la integridad del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado”8 y pretende “adquirir la soberanía sobre un territorio ocupado”9.
6. La Corte reconoció la violación de normas inderogables que prohíben la adquisición de territorio por la fuerza10 , la segregación racial y el apartheid11 y protegen el derecho a la libre determinación del pueblo palestino12, y concluyó que la ocupación constituye un acto de agresión, a todos los efectos prácticos, derivado en parte de su naturaleza de colonialismo de asentamientos13. Subrayó la obligación de poner fin a la ocupación a la mayor brevedad, desmantelar y evacuar las colonias, reparar íntegramente los daños causados a las víctimas palestinas y permitir el regreso de los palestinos desplazados a partir de 196714
Pero ello no parece haber servido de mucho, tal y como denuncia la Relatora:
A. El genocidio en Gaza no se detiene ni se castiga
13.- Desde el informe anterior de la Relatora Especial (A/78/545), y a pesar de las intervenciones de la Corte Internacional de Justicia, los actos genocidas se han multiplicado. Casi un año de agresión aplicando una política de tierra quemada ha dado lugar a la destrucción calculada de Gaza: el costo humano, material y ambiental es imposible de cuantificar
A continuación, la Relatora deja claro que la ONU ya sabía del riesgo evidente de genocidio, porque la propia Relatora había advertido de ello:
El 14 de octubre de 2023, después de que Israel ordenara a 1,1 millones de palestinos que se desplazaran desde el norte de Gaza hacia el sur en 24 horas, en lo que constituye uno de los desplazamientos masivos más rápidos de la historia23, la Relatora Especial advirtió del riesgo de una depuración étnica en masa y deliberada24. La advertencia resultó premonitoria
A partir de ahí hay que leer el documento entero. Adelantemos algunos de sus apartados:
III. El genocidio en curso como “medio para alcanzar un fin”
A. El genocidio en Gaza no se detiene ni se castiga
B. Riesgo de genocidio en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental
IV. Comprender la complejidad jurídica y el alcance de la intención genocida
A. Examinar la pluralidad de hechos, circunstancias y conductas
B. Singularidad de la intención: destruir a “un grupo” “como tal”
C. La intención genocida en el contexto de la responsabilidad de Estado
V. Enfoque de la “triple totalidad”: la intención israelí respecto a los palestinos en cuanto grupo como tal
A. La totalidad del territorio: el “Gran Israel”
B. Totalidad del grupo: destrucción del pueblo palestino
C. Totalidad de la conducta: intención genocida racionalizada como legítima defensa
VI. Comprender la intención genocida dentro de un Estado
Para quienes aún duden sobre la conveniencia o no de leer un texto de 35 páginas, ofrezcamos a continuación las contundentes conclusiones del mismo que, en algún modo, sirven de resumen del texto:
VII. Conclusiones
83. El genocidio de Gaza es una tragedia anunciada, y existe el riesgo de que se extienda a otros palestinos que viven bajo dominio israelí. Desde su creación, Israel ha tratado al pueblo ocupado como un estorbo odioso y una amenaza que debe erradicarse, y ha sometido a millones de palestinos, durante generaciones, a indignidades cotidianas, matanzas en masa, encarcelamientos en masa, desplazamientos forzados, segregación racial y apartheid. El progreso en su objetivo del “Gran Israel” amenaza con suprimir a la población autóctona palestina.
84. La conducta genocida de Israel, oculta detrás de falsos relatos israelíes de una guerra librada en “legítima defensa”, debe observarse dentro de un contexto más amplio: comprende numerosos actos (totalidad de la conducta) dirigidos en conjunto contra los palestinos como tales (totalidad de un pueblo) en todo el territorio en el que residen (totalidad de la tierra) con el fin de favorecer las ambiciones políticas de Israel de ejercer soberanía sobre todo el territorio palestino anteriormente bajo mandato. En la actualidad, el genocidio de los palestinos parece ser el medio para alcanzar un fin: la completa expulsión o identidad, y que Israel codicia ilegal y abiertamente.
85. Las declaraciones y actos de los dirigentes israelíes reflejan una intención y una conducta genocidas; estos últimos han utilizado con frecuencia la historia bíblica de Amalec para justificar el exterminio de “los gazatíes”, la eliminación de Gaza y el desplazamiento violento de los palestinos, caracterizando de ese modo a los palestinos en su conjunto como objetivos legítimos.
86. Debería enjuiciarse a las personas identificadas claramente como autoras. Sin embargo, es todo el aparato del Estado el que ha diseñado, orquestado y ejecutado la violencia genocida, mediante actos que en su totalidad pueden dar lugar a la destrucción del pueblo palestino. Esto se debe acabar: se necesitan medidas urgentes para garantizar la plena aplicación de la Convención contra el Genocidio y la plena protección de los palestinos.
87. No caben dudas de que el genocidio en curso es consecuencia del estatuto excepcional y la impunidad prolongada que se han concedido a Israel, el cual ha violado sistemática y flagrantemente el derecho internacional, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Esto ha alentado la arrogancia de Israel y su incumplimiento del derecho internacional. Como ha advertido el Fiscal de la Corte Penal Internacional, “si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se percibe que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso completo; este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este peligroso momento”.
88. Mientras el mundo asiste al primer genocidio perpetrado por un régimen colonial de asentamientos que se retransmite en vivo y en directo, solo la justicia puede sanar las heridas que la conveniencia política ha dejado supurar. La devastación de tantas vidas es un atropello contra la humanidad y todo aquello que el derecho internacional pretende defender.
De la economía de la ocupación a la economía del genocidio
Finalmente, este es el título del último (por el momento) informe elaborado por Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Volvemos a recomendar su lectura completa, pero adelantemos alguno de sus contenidos de un documento cuyo Resumen oficial es (recordemos, según la traducción mecánica del original en inglés):
En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 investiga la maquinaria empresarial que sustenta el proyecto colonial israelí de desplazamiento y sustitución de los palestinos en el territorio ocupado. Mientras los dirigentes políticos y los gobiernos eluden sus obligaciones, demasiadas empresas se han beneficiado de la economía israelí de la ocupación ilegal, el apartheid y ahora el genocidio. La complicidad expuesta por el informe es solo la punta del iceberg; Ponerle fin no ocurrirá sin que el sector privado rinda cuentas, incluidos sus ejecutivos. El derecho internacional reconoce diversos grados de responsabilidad, cada uno de los cuales requiere escrutinio y rendición de cuentas, particularmente en este caso, en el que está en juego la autodeterminación y la propia existencia de un pueblo. Este es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido.
Siendo ese el Resumen, no es de extrañar que en la Introducción nos encontremos ya con párrafos tan suculentos como los siguientes:
I. Introducción
1. Los esfuerzos coloniales y los genocidios asociados han sido históricamente impulsados y permitidos por el sector corporativo, 1] Los intereses comerciales han contribuido al despojo de los pueblos indígenas de sus tierras[2], un modo de dominación conocido como "capitalismo racial colonial".[3] Lo mismo puede decirse de la colonización israelí de las tierras palestinas,[4] su expansión en el territorio palestino ocupado y su institucionalización de un régimen de apartheid colonial de asentamientos.[5] Después de negar a los palestinos Durante décadas, Israel está poniendo en peligro la existencia misma del pueblo palestino en Palestina.
2. El papel de las entidades corporativas en el mantenimiento de la ocupación ilegal israelí y su actual campaña genocida en Gaza es el tema del presente informe de investigación, que se centra en cómo los intereses corporativos apuntalan la doble lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo destinada a desposeer y borrar a los palestinos de sus tierras. La Relatora Especial se refiere a las entidades empresariales de diversos sectores: fabricantes de armas, empresas tecnológicas, empresas de construcción, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas. Estas entidades permiten la denegación de la libre determinación y otras violaciones estructurales en el territorio palestino ocupado, como la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio, así como una larga lista de delitos conexos y violaciones de los derechos humanos, desde la discriminación, la destrucción arbitraria, el desplazamiento forzado y el pillaje hasta las ejecuciones extrajudiciales y la hambruna.
3. Si se hubiera llevado a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, las entidades corporativas se habrían desvinculado hace mucho tiempo de la ocupación israelí. En cambio, después de octubre de 2023, los actores corporativos han contribuido a acelerar el proceso de reemplazo de desplazamientos a lo largo de la campaña militar que ha pulverizado Gaza y desplazado al mayor número de palestinos en Cisjordania desde 1967.[6]
4. Si bien es imposible captar plenamente la escala y el alcance de decenios de connivencia empresarial en la explotación del territorio palestino ocupado, en el presente informe se expone la integración de las economías de la ocupación colonial y el genocidio. En él, la Relatora Especial pide que las personas jurídicas y sus ejecutivos rindan cuentas, tanto en el plano nacional como en el internacional: deben cesar las actividades comerciales que permiten y se benefician de la destrucción de la vida de personas inocentes. Las empresas deben negarse a ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales o a rendir cuentas.
Para hacernos una idea del nivel de profundización en el análisis, y de la contundencia del mismo, valgan estos párrafos:
18. En el territorio palestino ocupado, sobre la base de decenios de violaciones y crímenes de los derechos humanos documentados, los recientes acontecimientos judiciales no dejan lugar a dudas de que la participación de las empresas en cualquier componente de la ocupación está relacionada con violaciones de las normas de jus cogens y crímenes internacionales (véase el anexo). Citando la segregación racial y el apartheid, las violaciones del derecho a la libre determinación y la prohibición del uso de la fuerza, la Corte Internacional de Justicia afirmó inequívocamente la ilegalidad de la presencia de Israel, incluida su presencia militar, sus colonias y su infraestructura y control de los recursos[28].
Además, las atrocidades cometidas desde octubre de 2023 desencadenaron procedimientos por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que deje de crear condiciones destructoras de vidas[29] y recientemente ha recordado a los Estados sus obligaciones internacionales de evitar la transferencia de armas que puedan utilizarse para violar convenciones internacionales[30].
19. Estas decisiones imponen a las entidades corporativas la responsabilidad prima facie de no participar y/o retirarse total e incondicionalmente de cualquier trato asociado, y de garantizar que cualquier compromiso con los palestinos permita su libre determinación.
20. En los casos en que las entidades corporativas continúen sus actividades y relaciones con Israel –con su economía, su ejército y sus sectores público y privado conectados con el territorio palestino ocupado– se puede determinar que han contribuido a sabiendas a:
a) Violación del derecho palestino a la libre determinación;
b) La anexión de territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, por consiguiente, el crimen de agresión y las violaciones de los derechos humanos conexas;
c) Crímenes de apartheid y genocidio;
d) Otros delitos y violaciones accesorios.
21. Tanto el derecho penal como el civil de diversas jurisdicciones pueden invocarse para responsabilizar a las personas jurídicas o a sus ejecutivos por violaciones de los derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional.
Antes de ofreceros la traducción mecánica de todo el documento, veamos el listado de empresas que se citan en el mismo como ejecutoras, colaboradoras o cooperadoras necesarias, en mayor o menor medida, en la masacre y genocidio israelí en Palestina (cada quien en el principal segmento de vinculación que les señala el informe, aunque algunas intervienen en dos o más de esos segmentos)
Sector militar: el negocio de la eliminación
Lockheed Martin (EE. UU.)
Leonardo S.p.A (Italia)
Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE. UU.)
FANUC (Japón)
A.P. Moller – Maersk A/S transport (Dinamarca)
Juntos con al menos otras 1.650 empresas que toman parte en el programa del avión de combate F-35, así como especialmente muchos de los productores de bombas, municiones y explosivos extranjeros.
Vigilancia y carcelaridad: el lado oscuro de la "nación start-up"
IBM (EE. UU.)
Hewlett Packard (HP) (EE. UU.)
Microsoft (EE. UU)
Alphabet Inc. (Google) (EE. UU.)
Amazon.com, Inc. (EE. UU.)
Palantir Technologies Inc (EE. UU.)
Disfraz civil: maquinaria pesada al servicio de la destrucción de los asentamientos coloniales
Construcción: casa en terreno robado
Caterpillar Inc. (EE. UU.)
HD Hyundai y su filial parcial Doosan (Corea del Sur)
Volvo (Suecia)
Heidelberg Materials AG (Alemania)
CAF (Euskal Herria)
Keller Williams Realty LLC (EE. UU.)
El control de los recursos naturales: la incubadora de condiciones de vida calculadas para destruir
Drummond Company (EE. UU.)
Glencore PLC (Suiza)
Chevron Corporation (EE. UU.)
BP PLC (Reino Unido)
Petrobras (Brasil)
Comerciando con los frutos de la ilegalidad
Bright Food (Group) Co., Ltd. (China)
Orbia Advance Corporation (Netafim) (México)
Bright Food (Tnuva) (China)
A.P. Moller – Maersk A/S (Dinamarca)
Booking Holdings Inc. (EE. UU.)
Airbnb, Inc. (EE. UU.)
Carrefour (Francia)
Financiación de las violaciones
BNP Paribas (Francia)
Barclays (Reino Unido)
Blackrock (EE. UU.)
Vanguard (EE. UU.)
PIMCO (Allianz) (EE. UU.)
J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS (EE. UU.)
AXA (Francia)
Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego (Noruega)
Caisse de dépôt et placement du Québec (Canadá)
Cristianos Holandeses por Israel (Países Bajos)
Producción de conocimiento y legitimación de violaciones
Universidad Técnica de Múnich (Alemania)
Universidad de Edimburgo (Reino Unido)
Consejo de Derechos Humanos
Quincuagésimo noveno período de sesiones
Del 16 de junio al 11 de julio de 2025
Tema 7 del programa
Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados
De la economía de la ocupación a la economía del genocidio
Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967,
Francesca Albanese*, **
Resumen
En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 investiga la maquinaria empresarial que sustenta el proyecto colonial israelí de desplazamiento y sustitución de los palestinos en el territorio ocupado. Mientras los dirigentes políticos y los gobiernos eluden sus obligaciones, demasiadas empresas se han beneficiado de la economía israelí de la ocupación ilegal, el apartheid y ahora el genocidio. La complicidad expuesta por el informe es solo la punta del iceberg; Ponerle fin no ocurrirá sin que el sector privado rinda cuentas, incluidos sus ejecutivos. El derecho internacional reconoce diversos grados de responsabilidad, cada uno de los cuales requiere escrutinio y rendición de cuentas, particularmente en este caso, en el que está en juego la autodeterminación y la propia existencia de un pueblo. Este es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido.
* El presente informe se presentó a los servicios de conferencias para su tramitación fuera de plazo a fin de incluir la información más reciente.
** El anexo del presente documento se reproduce tal como se presentó, en el idioma original únicamente.
A/HRC/59/23
Versión editada anticipada Distr.: General
30 de junio de 2025
Original: inglés
I. Introducción
1. Los esfuerzos coloniales y los genocidios asociados han sido históricamente impulsados y permitidos por el sector corporativo, 1] Los intereses comerciales han contribuido al despojo de los pueblos indígenas de sus tierras[2], un modo de dominación conocido como "capitalismo racial colonial".[3] Lo mismo puede decirse de la colonización israelí de las tierras palestinas,[4] su expansión en el territorio palestino ocupado y su institucionalización de un régimen de apartheid colonial de asentamientos.[5] Después de negar a los palestinos Durante décadas, Israel está poniendo en peligro la existencia misma del pueblo palestino en Palestina.
2. El papel de las entidades corporativas en el mantenimiento de la ocupación ilegal israelí y su actual campaña genocida en Gaza es el tema del presente informe de investigación, que se centra en cómo los intereses corporativos apuntalan la doble lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo destinada a desposeer y borrar a los palestinos de sus tierras. La Relatora Especial se refiere a las entidades empresariales de diversos sectores: fabricantes de armas, empresas tecnológicas, empresas de construcción, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas. Estas entidades permiten la denegación de la libre determinación y otras violaciones estructurales en el territorio palestino ocupado, como la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio, así como una larga lista de delitos conexos y violaciones de los derechos humanos, desde la discriminación, la destrucción arbitraria, el desplazamiento forzado y el pillaje hasta las ejecuciones extrajudiciales y la hambruna.
3. Si se hubiera llevado a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, las entidades corporativas se habrían desvinculado hace mucho tiempo de la ocupación israelí. En cambio, después de octubre de 2023, los actores corporativos han contribuido a acelerar el proceso de reemplazo de desplazamientos a lo largo de la campaña militar que ha pulverizado Gaza y desplazado al mayor número de palestinos en Cisjordania desde 1967.[6]
4. Si bien es imposible captar plenamente la escala y el alcance de decenios de connivencia empresarial en la explotación del territorio palestino ocupado, en el presente informe se expone la integración de las economías de la ocupación colonial y el genocidio. En él, la Relatora Especial pide que las personas jurídicas y sus ejecutivos rindan cuentas, tanto en el plano nacional como en el internacional: deben cesar las actividades comerciales que permiten y se benefician de la destrucción de la vida de personas inocentes. Las empresas deben negarse a ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales o a rendir cuentas.
II. Metodología
5. En el presente informe, el término "personas jurídicas" se refiere a las empresas comerciales, las empresas multinacionales y las entidades con y sin fines de lucro, ya sean privadas, públicas o de propiedad estatal[7].
La responsabilidad corporativa se aplica independientemente del tamaño, el sector, el contexto operativo, la propiedad y la estructura de la entidad.[8]
6. En el informe, la Relatora Especial se basa en una amplia bibliografía, especialmente de la sociedad civil[9] y del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, sobre cómo Israel ha creado y mantenido su propia economía a través de la ocupación, y una economía cautiva para los palestinos.
7. La Relatora Especial también se basa en la base de datos establecida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con las resoluciones 31/36 y 53/25 del Consejo de Derechos Humanos, y la sitúa dentro de la matriz más amplia de la ocupación ilegal israelí. En la base de datos del ACNUDH sólo figuran las empresas comerciales que "directa e indirectamente han permitido, facilitado y beneficiado la construcción y el crecimiento de los asentamientos"[10].
8. La Relatora Especial elaboró una base de datos de aproximadamente 1.000 empresas a partir del número sin precedentes de comunicaciones recibidas (más de 200) a raíz de su petición de aportaciones para preparar la investigación.[11] Esto ayudó a trazar un mapa de cómo las entidades jurídicas de todo el mundo han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales en el territorio palestino ocupado. Más de 45 entidades mencionadas en el informe han sido debidamente informadas de los hechos que llevaron a la Relatora Especial a formular una serie de alegatos: 15 respondieron.
La compleja red de estructuras corporativas –y los vínculos a menudo oscuros entre matrices y filiales, franquicias, empresas conjuntas, licenciatarios, etc.– implica a muchos más. La investigación detrás del presente informe demuestra hasta dónde llegarán las corporaciones para ocultar su complicidad.[12]
9. El informe se complementa con el anexo adjunto, en el que se ofrece una visión general del marco jurídico pertinente.
III. Marco jurídico
10. La ley que rige la responsabilidad corporativa tiene profundas raíces en la relación histórica entre el despojo violento y el poder privado, y el legado de la colusión corporativa con el colonialismo de asentamiento y la segregación racial.[13]
11. Las primeras compañías chárter, a las que se les otorgaron amplios poderes similares a los del Estado, evolucionaron gradualmente hasta convertirse en corporaciones privadas de "responsabilidad limitada" a medida que el comercio intercolonial se volvió vital para las economías europeas.[14] Las potencias coloniales continuaron confiando en estas relaciones para subcontratar, oscurecer y evitar la rendición de cuentas por el despojo y la esclavitud de los pueblos indígenas y la expropiación de sus recursos.[15] Las corporaciones no solo han heredado los beneficios de este velo legal de separación, pero también han emergido como forjadores del derecho internacional.[16]
12. En la actualidad, algunos conglomerados empresariales superan el producto interno bruto (PIB) de Estados soberanos enteros.[17] A veces ejercen más poder –político, económico y discursivo– que los propios Estados, las empresas gozan de un reconocimiento cada vez mayor como titulares de derechos, con obligaciones correspondientes aún insuficientes. La asimetría de un poder inmenso sin una rendición de cuentas suficientemente justiciable pone de manifiesto una brecha fundamental en la gobernanza mundial.
13. Las empresas y sus Estados de origen –principalmente los Estados de minorías mundiales– siguen explotando las desigualdades estructurales arraigadas en el despojo colonial.[18] Mientras tanto, los sistemas normativos más débiles de los Estados anteriormente colonizados y los imperativos de desarrollo e inversión hacen que las empresas a menudo eludan la rendición de cuentas.[19]
14. No obstante, existen precedentes importantes. Los juicios de los industriales posteriores al Holocausto, como el juicio de I.G. Farben, sentaron las bases para el reconocimiento de la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos de las empresas por su participación en crímenes internacionales.[20] Al abordar la complicidad de las empresas en el apartheid, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica ayudó a dar forma a la responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos.[21] El aumento de los litigios nacionales e internacionales señala una tendencia creciente hacia la rendición de cuentas de las empresas. [22]
15. El caso de Palestina pone a prueba aún más los estándares internacionales.
16. En la actualidad, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen el marco normativo para el cumplimiento del derecho internacional por parte de los Estados y las empresas. Los Estados tienen la obligación primordial de prevenir, investigar, sancionar y remediar las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros, y pueden incumplir sus obligaciones si no lo hacen. Los Principios Rectores cristalizan las normas de derechos humanos aplicables a la conducta de las empresas que se aplican independientemente de que los Estados cumplan o no sus obligaciones primarias. El derecho internacional humanitario y el derecho penal también confieren obligaciones y responsabilidades específicas a los agentes privados[23], y las jurisdicciones nacionales son las principales responsables de su aplicación.
17. Los Principios Rectores establecen una serie de responsabilidades, en función de si las personas jurídicas causan, contribuyen a ellos o están directamente relacionadas con efectos adversos sobre los derechos humanos.[24] En los conflictos, las empresas deben observar una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar las preocupaciones y ajustar su conducta.[25] La responsabilidad de las empresas estará determinada por sus acciones y por el impacto en los derechos humanos: La debida diligencia no es suficiente para eximir de responsabilidad a las empresas.[26] Como mínimo, las entidades corporativas directamente vinculadas a los impactos en los derechos humanos deben ejercer influencia o considerar la terminación de sus actividades o relaciones. La falta de actuación en consecuencia puede dar lugar a responsabilidad. Cuando las violaciones constituyen delitos, los ejecutivos de las empresas y, cada vez más, las propias entidades, pueden ser considerados responsables de su conocimiento de los delitos y de sus contribuciones materiales a ellos[27].
18. En el territorio palestino ocupado, sobre la base de decenios de violaciones y crímenes de los derechos humanos documentados, los recientes acontecimientos judiciales no dejan lugar a dudas de que la participación de las empresas en cualquier componente de la ocupación está relacionada con violaciones de las normas de jus cogens y crímenes internacionales (véase el anexo). Citando la segregación racial y el apartheid, las violaciones del derecho a la libre determinación y la prohibición del uso de la fuerza, la Corte Internacional de Justicia afirmó inequívocamente la ilegalidad de la presencia de Israel, incluida su presencia militar, sus colonias y su infraestructura y control de los recursos[28].
Además, las atrocidades cometidas desde octubre de 2023 desencadenaron procedimientos por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que deje de crear condiciones destructoras de vidas[29] y recientemente ha recordado a los Estados sus obligaciones internacionales de evitar la transferencia de armas que puedan utilizarse para violar convenciones internacionales[30].
19. Estas decisiones imponen a las entidades corporativas la responsabilidad prima facie de no participar y/o retirarse total e incondicionalmente de cualquier trato asociado, y de garantizar que cualquier compromiso con los palestinos permita su libre determinación.
20. En los casos en que las entidades corporativas continúen sus actividades y relaciones con Israel –con su economía, su ejército y sus sectores público y privado conectados con el territorio palestino ocupado– se puede determinar que han contribuido a sabiendas a:
a) Violación del derecho palestino a la libre determinación;
b) La anexión de territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, por consiguiente, el crimen de agresión y las violaciones de los derechos humanos conexas;
c) Crímenes de apartheid y genocidio;
d) Otros delitos y violaciones accesorios.
21. Tanto el derecho penal como el civil de diversas jurisdicciones pueden invocarse para responsabilizar a las personas jurídicas o a sus ejecutivos por violaciones de los derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional.
IV. De la economía de la ocupación colonial a la economía del genocidio
22. El colonialismo de asentamiento implica la extracción, el beneficio y la colonización de la tierra a través de la expulsión de sus propietarios.[31] En Palestina, históricamente, las empresas han impulsado y permitido el proceso de desplazamiento y reemplazo de la población árabe, fundamental para la lógica de la eliminación de los asentamientos coloniales.[32] El Fondo Nacional Judío, una entidad corporativa de compra de tierras fundada en 1901, ayudó a planificar y llevar a cabo la expulsión gradual de los palestinos árabes, que se intensificó con la Nakba[33] y ha continuado desde entonces.[34]
23. Con la ayuda cada vez mayor de entidades corporativas, Israel ha perseguido el despojo y el desplazamiento de Palestina, especialmente después de 1967.[35] El sector empresarial ha contribuido materialmente a este esfuerzo proporcionando a Israel las armas y la maquinaria necesarias para destruir hogares, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos, como olivares y huertos, para segregar y controlar a las comunidades y restringir el acceso a los recursos naturales.[36] Al ayudar a militarizar e incentivar la presencia ilegal israelí en el territorio palestino ocupado, el sector empresarial ha contribuido a la creación de las condiciones para la limpieza étnica palestina[37].
24. Las entidades corporativas han desempeñado un papel clave en la asfixia de la economía palestina[38], sosteniendo la expansión israelí en los territorios ocupados y facilitando el reemplazo de los palestinos. Las restricciones draconianas –al comercio y la inversión, la plantación de árboles, la pesca y el agua para las colonias– han debilitado la agricultura y la industria[39] y han convertido el territorio palestino ocupado en un mercado cautivo; [40] empresas se han beneficiado explotando la mano de obra y los recursos palestinos, degradando y desviando los recursos naturales, construyendo y alimentando colonias y vendiendo y comercializando bienes y servicios derivados en Israel, el territorio palestino ocupado y en todo el mundo.[41] El Acuerdo Interino Israelí-Palestino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (Acuerdos de Oslo II) afianzaba esta explotación,[42] institucionalizando de facto el monopolio de Israel sobre el 61 por ciento de la Ribera Occidental, rica en recursos (Área C). Israel se beneficia de esta explotación, mientras que le cuesta a la economía palestina al menos el 35% de su PIB.[43]
25. Las instituciones financieras y académicas también han creado las condiciones para el desplazamiento y el reemplazo de palestinos. Bancos, empresas de gestión de activos, fondos de pensiones y aseguradoras han canalizado fondos hacia la ocupación ilegal. Las universidades –centros de crecimiento intelectual y poder– han sostenido la ideología política que sustenta la colonización de la tierra palestina,[44] han desarrollado armamento y han pasado por alto o incluso respaldado la violencia sistémica,[45] mientras que las colaboraciones globales de investigación han oscurecido la eliminación palestina detrás de un velo de neutralidad académica.
26. Después de octubre de 2023, los sistemas de control, explotación y desposesión de larga data se transformaron en infraestructuras económicas, tecnológicas y políticas movilizadas para infligir violencia masiva e inmensa destrucción.[46] Las entidades que anteriormente permitieron y se beneficiaron de la eliminación y eliminación de Palestina dentro de la economía de la ocupación, en lugar de desvincularse, ahora están involucradas en la economía del genocidio.
27. Las siguientes secciones ilustran cómo ocho sectores clave, que operan por separado e interdependientes a través de los pilares básicos de la economía colonial de desplazamiento y reemplazo, se han adaptado a sus prácticas genocidas.
A. Desplazamiento
28. Después de octubre de 2023, las armas y las tecnologías militares utilizadas para promover la expulsión de palestinos se han convertido en herramientas para la matanza y la destrucción masivas, lo que ha hecho que Gaza y partes de Cisjordania sean inhabitables. Las tecnologías de vigilancia y encarcelamiento, que normalmente se utilizan para imponer la segregación y el apartheid, se han convertido en herramientas para atacar indiscriminadamente a la población palestina. La maquinaria pesada utilizada anteriormente para la demolición de viviendas, la destrucción de infraestructuras y la confiscación de recursos en la Ribera Occidental se ha reutilizado para destruir el paisaje urbano de Gaza, impidiendo que las poblaciones desplazadas regresen y se reconstituyan como comunidad.
Sector militar: el negocio de la eliminación
29. La violencia militarizada creó el Estado de Israel y sigue siendo el motor de su proyecto colonial de asentamiento.[47] Los fabricantes de armas israelíes e internacionales han desarrollado sistemas cada vez más eficaces para expulsar a los palestinos de sus tierras. Al colaborar y competir, han perfeccionado tecnologías que permiten a Israel intensificar la opresión, la represión y la destrucción[48].
30. La ocupación prolongada y las repetidas campañas militares han proporcionado campos de prueba para capacidades militares de vanguardia: plataformas de defensa aérea, aviones no tripulados, herramientas de selección impulsadas por inteligencia artificial e incluso el programa F-35 dirigido por los Estados Unidos de América. Estas tecnologías se comercializan como "probadas en batalla".[49]
31. El complejo militar-industrial se ha convertido en la columna vertebral económica del Estado.[50] Entre 2020 y 2024, Israel fue el octavo mayor exportador de armas del mundo.[51] Las dos empresas de armas israelíes más destacadas –Elbit Systems, establecida como una asociación público-privada y posteriormente privatizada, y la estatal Israel Aerospace Industries– se encuentran entre los 50 principales fabricantes de armas a nivel mundial.[52] Desde 2023, Elbit Systems ha cooperado estrechamente en las operaciones militares israelíes,[53] incorporando personal clave en el Ministerio de Defensa,[54] y fue galardonado con el Premio de Defensa Israelí 2024. Elbit Systems e Israel Aerospace Industries proporcionan un suministro interno crítico de armamento[55] y refuerzan las alianzas militares israelíes a través de las exportaciones de armas[56] y el desarrollo conjunto de tecnología militar.
32. Las asociaciones internacionales que proporcionan armamento y apoyo técnico han aumentado la capacidad de Israel para perpetuar el apartheid y, recientemente, para sostener su ataque contra Gaza. Israel se beneficia del mayor programa de adquisiciones de defensa de la historia: el avión de combate F-35 [57], dirigido por Lockheed Martin, con sede en Estados Unidos[58], junto con al menos otras 1.650 empresas, entre ellas el fabricante italiano Leonardo S.p.A.[59] y ocho Estados. Los componentes y piezas construidos en todo el mundo contribuyen a la flota israelí de F-35, que Israel personaliza y mantiene en asociación con Lockheed Martin y empresas nacionales.[60] Israel fue el primero en volar el F-35 en combate, en 2018, y en usarlo en "modo bestia", en 2025.[61] Los aviones de combate Lockheed Martin F-35 y F-16, fundamentales para la fuerza aérea israelí, [62] tienen una capacidad de carga y fuego significativa, incluidas las municiones de ataque directo conjunto GBU-31 (JDAM) y las bombas no guiadas MK-84 de 2000 libras; un F-35 puede transportar más de 18.000 libras de bombas.[63] Después de octubre de 2023, los F-35 y los F-16 han sido fundamentales para equipar a Israel con el poder aéreo sin precedentes para lanzar unas 85.000 toneladas de bombas,[64] gran parte de ellas sin guía,[65] para matar e herir a más de 179.411 palestinos[66] y destruir Gaza.[67]
33. Los aviones no tripulados, los hexacópteros y los cuadricópteros también han sido máquinas de matar omnipresentes en los cielos de Gaza.[68] Los aviones no tripulados desarrollados y suministrados en gran medida por Elbit Systems e Israel Aerospace Industries han volado durante mucho tiempo junto a los aviones de combate, vigilando a los palestinos y entregando inteligencia de objetivos.[69] En las últimas dos décadas, con el apoyo de estas empresas y colaboraciones con instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, [70] aviones no tripulados utilizados por Israel adquirieron sistemas de armas automatizados y la capacidad de volar en formación de enjambre.[71]
34. Para suministrar a Israel estas armas y facilitar las transacciones de exportación e importación de armas, los fabricantes dependen de una red de intermediarios, incluidas empresas jurídicas, de auditoría y consultoras, así como comerciantes, agentes e intermediarios de armas.[72] Proveedores como la Corporación japonesa FANUC proporcionan maquinaria robótica para las líneas de producción de armas, incluidas las de Israel Aerospace Industries, Elbit Systems y Lockheed Martin.[73] Compañías navieras como la danesa A.P. Moller – Maersk A/S transport componentes, piezas, armas y materias primas, sosteniendo un flujo constante de equipo militar suministrado por los Estados Unidos después de octubre de 2023.[74]
35. Para empresas israelíes como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, el genocidio en curso ha sido una empresa rentable. El aumento del 65% en el gasto militar israelí entre 2023 y 2024 –que ascendió a 46.500 millones de dólares,[75] uno de los más altos per cápita del mundo– generó un fuerte aumento de sus beneficios anuales.[76] Las empresas armamentísticas extranjeras, especialmente los productores de municiones y municiones, también se benefician.[77]
Vigilancia y carcelalidad: el lado oscuro de la "nación start-up"
36. La represión de los palestinos se ha automatizado progresivamente, y las empresas tecnológicas proporcionan infraestructura de doble uso[78] para integrar la recopilación masiva de datos y la vigilancia, al tiempo que se benefician del campo de pruebas único para la tecnología militar que ofrece el territorio palestino ocupado.[79] Impulsadas por los gigantes tecnológicos de los Estados Unidos que establecen filiales y centros de investigación y desarrollo en Israel,[80] las afirmaciones de Israel sobre las necesidades de seguridad han estimulado desarrollos sin precedentes en el ámbito carcelario y servicios de vigilancia, desde redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), vigilancia biométrica, redes de puntos de control de tecnología avanzada, "muros inteligentes" y vigilancia con drones hasta computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos que apoyan al personal militar sobre el terreno[81].
37. Las empresas tecnológicas israelíes a menudo surgen de la infraestructura y la estrategia militar,[82] como lo hizo NSO Group, fundada por ex miembros de la Unidad 8200.[83] Su software espía Pegasus, diseñado para la vigilancia encubierta de teléfonos inteligentes, se ha utilizado contra activistas palestinos[84] y se ha autorizado a nivel mundial para atacar a líderes, periodistas y defensores de los derechos humanos.[85] Exportada en virtud de la Ley de Control de Exportaciones de Defensa, la tecnología de vigilancia de NSO Group permite la "diplomacia del software espía" al tiempo que refuerza la impunidad del Estado.[86]
38. IBM ha operado en Israel desde 1972, capacitando al personal militar y de inteligencia, especialmente de la Unidad 8200, para el sector tecnológico y la escena de las empresas emergentes.[87] Desde 2019, IBM Israel ha operado y actualizado la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración,[88] permitiendo la recopilación, el almacenamiento y el uso gubernamental de datos biométricos sobre los palestinos, y apoyando el régimen de permisos discriminatorio de Israel.[89] Antes de IBM, Hewlett Packard Enterprises (HPE) mantenía la base de datos y su filial israelí sigue proporcionando servidores.[90] Hewlett Packard (HP) ha permitido durante mucho tiempo los sistemas de apartheid de Israel, suministrando tecnología a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), al servicio penitenciario y a la policía.[91] Desde la división de la empresa en 2015 en Hewlett Packard Enterprises y HP Inc., estructuras comerciales opacas han oscurecido el papel de las siete filiales israelíes que les quedan[92].
39. Microsoft opera en Israel[93] desde 1991 y desarrolla su mayor centro fuera de los Estados Unidos. Sus tecnologías están integradas en el servicio penitenciario, la policía, las universidades y las escuelas, incluso en las colonias.[94] Microsoft ha estado integrando sus sistemas y tecnología civil en todo el ejército israelí[95] desde 2003, al tiempo que ha adquirido nuevas empresas israelíes de ciberseguridad y vigilancia.[96]
40. A medida que el apartheid israelí, los sistemas militares y de control de la población generan volúmenes cada vez mayores de datos, su dependencia del almacenamiento y la computación en la nube ha crecido. En 2021, Israel adjudicó a Alphabet Inc. (Google) y Amazon.com, Inc. un contrato de 1.200 millones de dólares (Proyecto Nimbus)[97], financiado en gran parte a través de los gastos del Ministerio de Defensa[98], para proporcionar infraestructura tecnológica básica.
41. Microsoft, Alphabet y Amazon otorgan a Israel acceso prácticamente en todo el gobierno a sus tecnologías en la nube y de inteligencia artificial, mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis.[99] En octubre de 2023, cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó,[100] Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio Project Nimbus intervinieron con infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial.[101] Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos y un escudo frente a la rendición de cuentas,[102] en virtud de contratos favorables que ofrecen restricciones o supervisión mínimas.[103 ]En julio de 2024, un coronel israelí describió la tecnología en la nube como un arma en todos los sentidos de la palabra, citando a estas empresas.[104]
42. El ejército israelí ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial, como "Lavender", "Gospel" y "¿Dónde está papá?" para procesar datos y generar listas de objetivos,[105] remodelando la guerra moderna e ilustrando la naturaleza de doble uso de la inteligencia artificial. Palantir Technologies Inc., cuya colaboración tecnológica con Israel es anterior a octubre de 2023, amplió su apoyo al ejército israelí después de octubre de 2023.[106] Hay motivos razonables para creer que Palantir ha proporcionado tecnología policial predictiva automática, infraestructura de defensa básica para la construcción y el despliegue rápidos y a gran escala de software militar, y su Plataforma de Inteligencia Artificial, que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada.[107] En En enero de 2024, Palantir anunció una nueva asociación estratégica con Israel y celebró una reunión de la junta directiva en Tel Aviv "en solidaridad"; [108] En abril de 2025, el director ejecutivo de Palantir respondió a las acusaciones de que Palantir había matado a palestinos en Gaza diciendo: "en su mayoría terroristas, eso es cierto".[109] Ambos incidentes son indicativos del conocimiento y el propósito del nivel ejecutivo frente al uso ilegal de la fuerza por parte de Israel, y de la falta de prevención de tales actos o de retirada de la participación.[110]
43. Israel, como la "nación emergente", incentivado por el auge de la securitización global posterior al 11 de septiembre, ha recibido un impulso significativo a través del genocidio. Ocupó el primer lugar a nivel mundial en cuanto al número de empresas emergentes per cápita, con un crecimiento del 143 por ciento en empresas emergentes de tecnología militar en 2024, y con tecnología que comprendió el 64 por ciento de las exportaciones israelíes durante todo el genocidio.[111]
Disfraz civil: maquinaria pesada al servicio de la destrucción de los asentamientos coloniales
44. Las tecnologías civiles han servido durante mucho tiempo como herramientas de doble uso de la ocupación colonial de asentamientos.[112] Las operaciones militares israelíes dependen en gran medida de equipos de los principales fabricantes mundiales para "desarraigar" a los palestinos de sus tierras,[113] demoliendo casas, edificios públicos, tierras de cultivo, carreteras y otras infraestructuras vitales. Desde octubre de 2023, esta maquinaria ha sido fundamental para dañar y destruir el 70% de las estructuras y el 81% de las tierras de cultivo de Gaza.[114]
45. Durante décadas, Caterpillar Inc.[115] ha proporcionado a Israel equipos utilizados para demoler viviendas e infraestructuras palestinas,[116] a través del programa de Financiación Militar Extranjera de los Estados Unidos[117] y de un licenciatario exclusivo requisado por la ley israelí a las fuerzas armadas.[118] En asociación con empresas como Israel Aerospace Industries,[119] Elbit Systems[120] y RADA Electronic Industries, propiedad de Leonardo DRS, Inc., [121] Israel ha convertido el bulldozer D9 de Caterpillar en un armamento central automatizado y controlado a distancia del ejército,[122] desplegado en casi todas las actividades militares desde el año 2000, despejando las líneas de incursión, "neutralizando" el territorio y matando a palestinos.[123] Desde octubre de 2023, se ha documentado que los equipos de Caterpillar se utilizan para llevar a cabo demoliciones masivas[124] -incluyendo viviendas,[125] mezquitas [126] e infraestructuras de soporte vital [127]-, asaltar hospitales [128] y enterrar vivos palestinos heridos.[129] En 2025, Caterpillar consiguió otro contrato multimillonario con Israel.[130]
46. La empresa coreana HD Hyundai [131] y su filial de propiedad parcial, Doosan, [132] junto con el grupo sueco Volvo [133] y otros importantes fabricantes de maquinaria pesada, han estado vinculadas durante mucho tiempo a la destrucción de propiedades palestinas, cada una de las cuales suministra equipos a través de concesionarios israelíes con licencia exclusiva.[134] El licenciatario de Volvo es una empresa que cotiza en la base de datos del ACNUDH y juntos son propietarios de Merkavim Transportation Technologies Ltd., que produce autobuses blindados vendidos a las colonias de servicio.[135] Desde al menos 2007, la maquinaria de Volvo se ha utilizado para arrasar zonas palestinas, incluso en Jerusalén Este [136] y Masafer Yatta.[137] Durante más de una década, la maquinaria HD de Hyundai se ha utilizado para demoler viviendas palestinas [138] y arrasar tierras de cultivo, incluidos olivares.[139] Después de octubre de 2023, Israel aumentó el uso de los equipos de esas empresas en la destrucción urbana de Gaza, [140] incluyendo el aplanamiento de Rafah [141] y Jabalia,[142] después de lo cual los militares oscurecieron sus logotipos.[143]
47. Estas empresas han continuado abasteciendo el mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y de los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para que se rompan los vínculos.[144] Los proveedores pasivos se convierten en contribuyentes deliberados a un sistema de desplazamiento.
B. Sustitución
48. Del mismo modo que los actores empresariales han contribuido a la destrucción de la vida palestina en el territorio palestino ocupado, también han ayudado a la construcción de lo que lo sustituye: la construcción de colonias y su infraestructura, la extracción y el comercio de materiales, energía y productos agrícolas, y la llegada de visitantes a las colonias como si se tratara de un destino de vacaciones habitual. Después de octubre de 2023, estas actividades han sostenido un crecimiento sin precedentes en la empresa de asentamientos, y las entidades corporativas continúan alimentando y beneficiándose de la creación de condiciones de vida calculadas para destruir a la población palestina, incluso mediante el corte casi total de agua, electricidad y combustible.
Construcción: casa en terreno robado
49. Más de 371 colonias y puestos de avanzada ilegales han sido construidos, alimentados y comercializados por empresas que facilitan la sustitución por parte de Israel de la población indígena en el territorio palestino ocupado.[145] En 2024, esto se intensificó después de que la administración de las colonias pasara del gobierno militar al civil y se duplicara el presupuesto del Ministerio de Construcción y Vivienda, con 200 millones de dólares asignados para la construcción de colonias.[146] De noviembre de 2023 a octubre de 2024, Israel estableció 57 nuevas colonias y puestos de avanzada,[147] con empresas israelíes e internacionales que suministraron maquinaria, materias primas y apoyo logístico.
50. Las excavadoras y el equipo pesado de Caterpillar, HD Hyundai y Volvo se han utilizado en la construcción de colonias ilegales durante al menos 10 años.[148] La alemana Heidelberg Materials AG,[149] a través de su filial Hanson Israel, ha contribuido al saqueo de millones de toneladas de roca dolomita de la cantera de Nahal Raba en tierras confiscadas a aldeas palestinas en Cisjordania.[150] En 2018, Hanson Israel ganó una licitación pública para suministrar materiales de esa cantera para la construcción de la colonia,[151] y desde entonces casi ha agotado la cantera, lo que ha provocado continuas solicitudes de expansión.[152]
51. Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para el establecimiento y la expansión de las colonias, y para conectarlas con Israel, excluyendo y segregando a los palestinos.[153] Las Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles [154] españolas/vascas se unieron a un consorcio con una empresa que cotiza en la base de datos del ACNUDH para mantener y ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde, [155] en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional.[156] Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste.[157] Se han utilizado excavadoras y maquinaria Doosan y Volvo,[158] y la filial de Heidelberg suministró materiales para un puente ferroviario ligero.[159]
52. Las empresas inmobiliarias venden propiedades en las colonias a compradores israelíes e internacionales. El grupo inmobiliario mundial, Keller Williams Realty LLC, a través de su franquiciado israelí KW Israel,[160] ha tenido sucursales en las colonias.[161] En marzo de 2024, Keller Williams, a través de otro franquiciado, Home in Israel,[162] realizó un roadshow inmobiliario en Canadá y Estados Unidos,[163] patrocinado conjuntamente con varias empresas que desarrollan y comercializan miles de apartamentos en colonias.[164]
El control de los recursos naturales: la incubadora de condiciones de vida calculadas para destruir
53. Desde 1967, Israel ha ejercido un control sistemático sobre los recursos naturales palestinos, construyendo infraestructuras que integraron sus colonias en los sistemas nacionales israelíes y afianzaron la dependencia palestina de ellas.
54. Cuando el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó un "asedio completo" a Gaza el 9 de octubre de 2023, cortando instantáneamente el agua, la electricidad y el combustible,[165] esta dependencia diseñada –diseñada para desplazar y controlar la vida– se puso en práctica para el genocidio. Esos suministros nunca se han restablecido por completo, lo que contribuye a la creación deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos como grupo.[166] Esta es también la razón por la que el control de los recursos en Cisjordania –más estricto después de octubre de 2023– no puede considerarse de forma aislada de la destrucción que se está desarrollando en Gaza.[167]
Agua
55. Israel obliga a los palestinos a comprar agua procedente de dos grandes acuíferos en su propio territorio, a precios inflados y con un suministro intermitente.[168] La empresa nacional israelí de agua Mekorot tiene el monopolio del agua en el territorio palestino ocupado.[169] En Gaza, más del 97% del agua del acuífero costero no cumple las normas de calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud, haciendo que los residentes dependieran de las tuberías de Mekorot para obtener la mayor parte de su agua potable.[170] Durante al menos los primeros seis meses posteriores a octubre de 2023, Mekorot operó sus tuberías de Gaza al 22 por ciento de su capacidad, dejando a zonas como la ciudad de Gaza sin agua el 95 por ciento del tiempo,[171] ayudando activamente a la transformación del agua en una herramienta de genocidio.[172]
Electricidad, gas y combustible
56. Las empresas energéticas internacionales han alimentado el genocidio israelí, que consume mucha energía.
Israel depende de las importaciones de combustible y carbón,[173] mantiene una infraestructura energética integrada que sirve tanto a Israel como al territorio palestino ocupado, alimentando sin problemas a los colonos ilegales mientras controla y obstruye el acceso palestino.[174] La central eléctrica de Gaza proporcionó solo entre el 10 y el 20 por ciento de las necesidades de electricidad de Gaza, dejándola muy dependiente del combustible para los generadores y 10 líneas de suministro israelíes.[175] Desde octubre de 2023, Israel ha cortado el suministro de energía a la mayor parte de Gaza.[176]
Sin electricidad ni combustible, la mayoría de las bombas de agua [177], los hospitales [178] y el transporte estuvieron al borde del colapso total; [179] sistemas de saneamiento colapsados han contribuido al resurgimiento de la poliomielitis; [180] y las plantas desalinizadoras vitales se vieron obligadas a cerrar.[181]
57. El carbón para la electricidad a Israel proviene principalmente de Colombia (60 por ciento de las importaciones de carbón israelíes en 2023-24); [182] Drummond Company, Inc., con sede en los Estados Unidos, y Glencore PLC, con sede en Suiza, son los principales proveedores. Sus respectivas subsidiarias [183] son propietarias de las minas y los tres puertos involucrados en la entrega de 15 cargamentos de carbón a Israel desde octubre de 2023, incluidos seis envíos después de que Colombia suspendiera las exportaciones de carbón a Israel en agosto de 2024.[184] Glencore también participó en envíos desde Sudáfrica; [185], estos envíos representaron el 15 por ciento de las importaciones de carbón israelí en 2023 y 2024.[186]
58. La United States Chevron Corporation, en consorcio con la israelí NewMed Energy (filial del Grupo Delek, que figura en la base de datos del ACNUDH), extrae gas natural de los yacimientos de Leviatán y Tamar; [187] pagó al Gobierno de Israel 453 millones de dólares en regalías e impuestos en 2023.[188] El consorcio de Chevron suministra más del 70 por ciento del consumo de energía israelí.[189] Chevron también se beneficia de su propiedad parcial del gasoducto del Mediterráneo Oriental,[190] que pasa por el territorio marítimo palestino, y de las ventas de exportación de gas a Egipto y Jordania.[191] El bloqueo naval de Gaza está relacionado con la obtención por parte de Israel del suministro de gas Tamar y del gasoducto del Mediterráneo Oriental.[192] En en un momento de creciente brutalidad, la empresa británica BP PLC está ampliando su participación en la economía israelí, con licencias de exploración confirmadas en marzo de 2025, que permiten a BP explorar extensiones marítimas palestinas explotadas ilegalmente por Israel.[193]
59. BP y Chevron son también los mayores contribuyentes a las importaciones israelíes de petróleo crudo, como principales propietarios del estratégico oleoducto azerí Bakú-Tbilisi-Ceyhan [194] y del Consorcio del Oleoducto Kazajo del Caspio,[195] respectivamente, y de sus yacimientos petrolíferos asociados.[196] Cada conglomerado suministró efectivamente el 8% del petróleo crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024,[197] complementado con envíos de petróleo crudo desde los yacimientos petrolíferos brasileños, en la que Petrobras tiene las mayores participaciones,[198] y combustible militar.[199] El petróleo de estas empresas abastece a dos refinerías en Israel. Desde la refinería de Haifa, dos empresas que cotizan en la base de datos del ACNUDH abastecen a sus estaciones de servicio en todo Israel y el territorio palestino ocupado, incluidas las colonias,[200] y al ejército, a través de contratos adjudicados por el Gobierno.[201] Desde la refinería de Ashdod, una filial de la empresa Paz Retail and Energy Ltd., que cotiza en la base de datos del ACNUDH, suministra combustible para aviones a la Fuerza Aérea israelí [202] que opera en Gaza.
60. Al suministrar a Israel carbón, gas, petróleo y combustible, las empresas están contribuyendo a las infraestructuras civiles que Israel utiliza para afianzar la anexión permanente y que ahora utiliza como arma para la destrucción de la vida palestina en Gaza.[203] La misma infraestructura a la que estas empresas suministran recursos ha servido al ejército israelí y a su destrucción de Gaza impulsada por la tecnología intensiva en energía. La naturaleza ostensiblemente civil de dicha infraestructura no exonera a una empresa de responsabilidad.[204]
Comerciando con los frutos de la ilegalidad
Agronegocio
61. La agroindustria ha prosperado gracias al extractivismo y al acaparamiento de tierras liderado por Israel, produciendo bienes y tecnologías que sirven a los intereses coloniales israelíes, expandiendo el dominio del mercado y atrayendo inversiones globales, al tiempo que borra los sistemas alimentarios palestinos y acelera el desplazamiento.[205]
62. Tnuva, el mayor conglomerado de alimentos de Israel, ahora propiedad mayoritaria de la empresa china Bright Food (Group) Co., Ltd.,[206] ha alimentado y se ha beneficiado del despojo de tierras. El presidente de Tnuva reconoció que "la agricultura... en general, y la ganadería lechera en particular, son un recurso estratégico y un pilar importante en la empresa de los asentamientos".[207] Israel ha utilizado kibutzim y puestos agrícolas avanzados para apoderarse de tierras palestinas y reemplazar a los palestinos.[208] Empresas como Tnuva ayudan abasteciéndose de productos de estas colonias,[209] y luego explotan el mercado palestino cautivo resultante [210] para construir un dominio del mercado.[211] La dependencia palestina de la industria láctea israelí ha aumentado un 160 por ciento en la década siguiente la destrucción causada por Israel a la industria láctea de Gaza en 2014, que ascendió a pérdidas sectoriales estimadas en 43 millones de dólares.[212] Tnuva ha absorbido la pérdida del mercado de Gaza,[213] sin utilizar su importante influencia para influir en la situación.
63. Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, que ahora es propiedad en un 80 por ciento de la empresa mexicana Orbia Advance Corporation,[214] ha diseñado su tecnología agrícola de acuerdo con los imperativos de expansión de Israel.[215] Al tiempo que mantiene una imagen global de sostenibilidad,[216] la tecnología Netafim ha permitido la explotación intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, [217] agotando aún más los recursos naturales palestinos, al tiempo que se refinan a través de la colaboración con empresas de tecnología militar israelíes.[218] En el Valle del Jordán, los sistemas de irrigación asistidos por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes,[219] mientras que los agricultores palestinos -a los que se les niega el agua [220 y con un 93 por ciento de tierras de regadío [221]- son expulsados, incapaces de competir con la producción israelí.[222] Además, tales técnicas de irrigación amenazan con agotar el río Jordán y el Mar Muerto.[223]
64. Empresas como Tnuva y Netafim siguen fabricando seguridad alimentaria para los israelíes,[224] mientras que el sistema alimentario al que pertenecen causa inseguridad alimentaria -e incluso hambruna- a otros. Netafim se define a sí misma como una innovadora sostenible, al tiempo que perfecciona técnicas ancestrales de explotación colonial.
Venta minorista global
65. Los productos israelíes, incluidos los de las colonias, inundan los mercados mundiales a través de los principales minoristas,[225] a menudo sin ningún escrutinio. Para evitar la creciente reacción, las empresas enmascaran el origen a través de etiquetas engañosas, códigos de barras y mezclas de la cadena de suministro,[226] lo que hace que la ocupación esté lista para la venta.
66. Los gigantes de la logística mundial como A.P. Moller – Maersk A/S son parte integral de este ecosistema; durante años, han enviado mercancías desde las colonias y las empresas que cotizan en la base de datos del ACNUDH directamente a los Estados Unidos [227] y otros mercados.[228]
67. En muchos países no se hace distinción entre los productos de Israel y los de sus colonias. Incluso en la Unión Europea, donde el etiquetado es obligatorio [229], estos productos siguen estando permitidos en el mercado [230], y la responsabilidad recae en los consumidores desinformados. Dada la ilegalidad de las colonias según el derecho internacional, estos productos no deberían comercializarse en absoluto.
68. Las cadenas de supermercados [231], incluidas muchas de las que figuran en la base de datos del ACNUDH, y las plataformas de comercio electrónico como Amazon.com [232] operan directamente en las colonias, sosteniendo su economía, permitiendo la expansión y participando en el apartheid mediante la prestación de servicios discriminatorios.
Turismo de ocupación
69. Las principales plataformas de viajes en línea, utilizadas por millones de personas para reservar alojamiento, se benefician de la ocupación vendiendo turismo que sustenta a las colonias, excluye a los palestinos, promueve las narrativas de los colonos y legitima la anexión.
70. Booking Holdings Inc. y Airbnb, Inc. enumeran propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes. Booking.com ha duplicado con creces sus anuncios en Cisjordania -de 26 en 2018 [233] a 70 en mayo de 2023 [234]- y ha triplicado sus anuncios en Jerusalén Este hasta los 39 en el año posterior a octubre de 2023.[235] Airbnb también ha amplificado su especulación colonial, pasando de 139 anuncios en 2016 [236] a 350 en 2025.[237] recaudando hasta un 23% de comisión.[238] Estos anuncios están relacionados con la restricción del acceso palestino a la tierra y la puesta en peligro de las aldeas cercanas.[239] En Tekoa, Airbnb permite a los colonos la promoción de una "comunidad cálida y amorosa",[240] encubriendo la violencia de los colonos contra la vecina aldea palestina de Tuqu'.[241]
71. Booking.com y Airbnb figuran en la base de datos del ACNUDH desde 2020. Booking.com puede etiquetar propiedades como "territorio palestino, asentamiento israelí", pero sigue beneficiándose de las colonias y se enfrenta a denuncias penales en el Reino de los Países Bajos por blanqueo de ganancias.[242] Airbnb retiró brevemente de la lista las propiedades ilegales de las colonias en 2018 [243] pero cambió de rumbo bajo presión,[244] ahora donando beneficios a causas "humanitarias" y convirtiendo la especulación colonial en lavado humanitario.[245]
C. Facilitadores
72. Una lista de facilitadores –empresas financieras, de investigación, jurídicas, de consultoría, de medios de comunicación y de publicidad [246]– implicadas desde hace mucho tiempo en el sostenimiento de la ocupación colonial a través del conocimiento, las narrativas, las habilidades y la inversión, han seguido apoyando, beneficiándose y normalizando una economía que funciona en modo genocida. La presente sección se centra únicamente en dos factores clave: los sectores financiero y académico.
Financiación de las violaciones
73. El sector financiero canaliza fondos críticos tanto a los agentes estatales como a los corporativos que están detrás de la ocupación y el apartheid israelíes, a pesar de que muchas empresas del sector se comprometieron con los Principios de Inversión Responsable [247] y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.[248]
74. Como principal fuente de financiación del presupuesto del Estado israelí, los bonos del Tesoro han desempeñado un papel fundamental en la financiación del actual ataque contra Gaza. De 2022 a 2024, el presupuesto militar israelí creció del 4,2% al 8,3% del PIB, lo que llevó al presupuesto público a un déficit del 6,8%.[249] Israel financió este presupuesto inflado aumentando su emisión de bonos, incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 [250] y 5.000 millones de dólares en febrero de 2025.[251] junto con emisiones en su mercado interno de nuevos shekels.[252] Algunos de los bancos más grandes del mundo, incluyendo BNP Paribas [253] y Barclays,[254] intervinieron para impulsar la confianza del mercado mediante la suscripción de estos bonos del Tesoro internacionales y nacionales, lo que permitió a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de la calificación crediticia.[255] Las firmas de gestión de activos –incluyendo Blackrock (68 millones de dólares), Vanguard (546 millones de dólares) y la filial de gestión de activos de Allianz, PIMCO (960 millones de dólares)[256]– estuvieron entre los al menos 400 inversores de 36 países que los compraron.[257] Mientras tanto, la Corporación de Desarrollo para Israel (es decir, Bonos de Israel)[258] proporciona un servicio de solicitud de bonos para el Gobierno de Israel para particulares en el extranjero y otros inversores.[259] La Corporación de Desarrollo para Israel triplicó sus ventas anuales de bonos para canalizar casi 5.000 millones de dólares a Israel desde octubre de 2023.[260], al tiempo que ofrece a los inversores la opción de enviar el rendimiento de las inversiones en bonos a organizaciones benéficas que apoyan al ejército israelí [261] y a las colonias.[262]
75. Estas entidades financieras canalizan miles de millones de dólares a bonos del Tesoro y empresas directamente involucradas en la ocupación y el genocidio israelíes. Blackrock (y su subsidiaria, iShares [263]) y Vanguard se encuentran entre los mayores inversores institucionales en muchas empresas, y poseen estas acciones para distribuirlas entre sus índices de fondos mutuos y fondos negociados electrónicamente (ETF). Blackrock es el segundo mayor inversor institucional en Palantir (8,6 por ciento), Microsoft (7,8 por ciento), Amazon.com (6,6 por ciento), Alphabet (6,6 por ciento) e IBM (8,6 por ciento), y el tercero más grande en Lockheed Martin (7,2 por ciento) y Caterpillar (7,5 por ciento); Vanguard es el mayor inversor institucional en Caterpillar (9,8 por ciento), Chevron (8,9 por ciento) y Palantir (9,1 por ciento), y el segundo más grande en Lockheed Martin (9,2 por ciento) y Elbit Systems (2,0 por ciento).[264] A través de su gestión de activos, implican a universidades, fondos de pensiones y personas comunes que invierten pasivamente sus ahorros a través de la compra de sus fondos y fondos negociados electrónicamente.[265] Para sus decisiones de inversión, estas empresas a menudo se basan en índices de referencia, como FTSE All-World ex-US, J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS y MSCI ACWI UCITS,[266] que son desarrollados por empresas de servicios financieros.
76. Las compañías de seguros mundiales, incluidas Allianz y AXA, también invierten grandes sumas en acciones y bonos implicados en la ocupación y el genocidio, en parte como reservas de capital para las reclamaciones de los asegurados y los requisitos reglamentarios, pero principalmente para generar rendimientos. Allianz posee al menos 7.300 millones de dólares [267] y AXA, a pesar de algunas decisiones de desinversión,[268] sigue invirtiendo al menos 4.090 millones de dólares [269] en empresas rastreadas nombradas en el presente informe. Sus pólizas de seguro también garantizan los riesgos que otras empresas asumen necesariamente cuando operan en Israel y en el territorio palestino ocupado, lo que permite la comisión de abusos contra los derechos humanos [270] y "reduce el riesgo" del entorno operativo [271].
77. Los fondos soberanos de riqueza y de pensiones también son importantes financiadores. El fondo soberano más grande del mundo, el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego, afirma que tiene las pautas éticas más completas del mundo.[272] Después de octubre de 2023, el Fondo aumentó su inversión en empresas israelíes en un 32 por ciento a 1.900 millones de dólares. A finales de 2024, el Fondo tenía 121.500 millones de dólares (el 6,9% de su valor total) invertidos en las empresas mencionadas solo en el presente informe.[273] La Caisse de dépôt et placement du Québec, que gestiona 473.300 millones de dólares canadienses (328.900 millones de dólares)[274] en fondos de pensiones para seis millones de canadienses, ha invertido casi 9.600 millones de dólares canadienses (6.670 millones de dólares) en las empresas mencionadas en el presente informe, [275] a pesar de su política de inversión sostenible y su política de derechos humanos.[276] De 2023 a 2024, casi triplicó la inversión en Lockheed Martin, cuadruplicó la inversión en Caterpillar y multiplicó por 10 la inversión en HD Hyundai.[277]
78. El sector financiero también permite a las empresas acceder a fondos a través de préstamos y mediante la suscripción de su deuda para poder venderla en el mercado privado de bonos. De 2021 a 2023, BNP Paribas fue uno de los principales financiadores europeos de la industria armamentística que abastecía a Israel, proporcionando 410 millones de dólares en préstamos a Leonardo, entre otros,[278] junto con 5.200 millones de dólares en préstamos y suscripción para empresas que cotizan en la base de datos del ACNUDH.[279] Del mismo modo, en 2024, Barclays proporcionó 2.000 millones de dólares en préstamos y suscripción a empresas que cotizan en la base de datos del ACNUDH,[280] 862 millones de dólares a Lockheed Martin y 228 millones de dólares a Leonardo.[281]
79. Esta inversión directa se ve respaldada por la decisión de las empresas de asesoramiento financiero y las asociaciones de inversión responsable de no tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado en su evaluación de la inversión en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).[282] Esto permite que los fondos de inversión responsables/éticos sigan cumpliendo con las normas ambientales, sociales y de gobernanza a pesar de invertir en bonos del gobierno israelí y en acciones de empresas implicadas en violaciones de los derechos humanos. Territorio palestino ocupado [283].
80. Todo este entorno ha facilitado un aumento sin precedentes del 179% en los precios equivalentes en dólares de los Estados Unidos de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Tel Aviv desde el comienzo del ataque contra Gaza, lo que se ha traducido en un aumento de 157.900 millones de dólares [284].
81. Las organizaciones benéficas basadas en la fe también se han convertido en facilitadores financieros clave de proyectos ilegales, incluso en el territorio palestino ocupado, y a menudo reciben deducciones fiscales en el extranjero a pesar de los estrictos marcos regulatorios de beneficencia.[285] El Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) y sus más de 20 afiliados financian la expansión de los colonos y proyectos vinculados al ejército.[286] Desde octubre de 2023, plataformas como Israel Gives han habilitado el crowdfunding deducible de impuestos en 32 países para unidades militares y colonos israelíes.[287] El La organización Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes,[288] Cristianos Holandeses por Israel [289] y afiliados mundiales,[290] enviaron más de 12,25 millones de dólares en 2023 [291] a varios proyectos de apoyo a las colonias, incluidos algunos que entrenan a colonos extremistas [292].
Producción de conocimiento y legitimación de violaciones
82. En Israel, las universidades –en particular las facultades de derecho,[293] los departamentos de arqueología [294] y estudios de Oriente Medio [295]– contribuyen al andamiaje ideológico del apartheid, cultivando narrativas alineadas con el Estado,[296] borrando la historia palestina y justificando las prácticas de ocupación.[297] Mientras tanto, los departamentos de ciencia y tecnología sirven como centros de investigación y desarrollo para las colaboraciones entre el ejército israelí y los contratistas de armas, incluidos Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, IBM y Lockheed Martin, y así contribuyen a producir las herramientas para la vigilancia, el control de multitudes, la guerra urbana, el reconocimiento facial y los asesinatos selectivos, herramientas que se prueban eficazmente en palestinos.[298]
83. Las principales universidades, especialmente las de los países de minorías mundiales, se asocian con instituciones israelíes en ámbitos que perjudican directamente a los palestinos. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los laboratorios llevan a cabo investigaciones sobre armas y vigilancia financiadas por el Ministerio de Defensa israelí —la única investigación con financiación militar extranjera en el Instituto.[299] Entre los proyectos notables del Ministerio de Defensa israelí se encuentran el control de enjambres de drones [300] –una característica distintiva del asalto israelí a Gaza desde octubre de 2023–, los algoritmos de persecución [301] y la vigilancia submarina.[302] De 2019 a 2024, el Instituto administró un fondo inicial de Lockheed Martin que conectaba a los estudiantes con equipos en Israel.[303] De 2017 a 2025, Elbit Systems pagó la membresía en el Programa de Enlace Industrial del Instituto, lo que permitió el acceso a la investigación y el talento.[304]
84. El programa Horizonte Europa de la Comisión Europea facilita activamente la colaboración con las instituciones israelíes, incluidas las cómplices del apartheid y el genocidio. Desde 2014, la Comisión Europea ha concedido más de 2.120 millones de euros (2.400 millones de dólares) a entidades israelíes,[305] incluido el Ministerio de Defensa,[306] mientras que las instituciones académicas europeas se benefician de este enredo y lo refuerzan. La Universidad Técnica de Múnich recibe 198,5 millones de euros (218 millones de dólares) en financiación de EC Horizon,[307] incluyendo 11,47 millones de euros (12,6 millones de dólares) para 22 colaboraciones con socios israelíes, empresas militares y tecnológicas.[308] La Universidad y Industrias Aeroespaciales de Israel reciben 792.795,75 euros (868.416 dólares) para desarrollar conjuntamente, con otros participantes, repostaje de hidrógeno verde,[309] tecnología relevante para los drones militares de Israel Aerospace Industries utilizados en Gaza.[310] La Universidad se asocia con IBM Israel, que gestiona el discriminatorio Registro de Población Israelí, en sistemas de inteligencia artificial y en la nube, como parte de los 7,75 millones de euros (8,52 millones de dólares) que IBM Israel recibe en financiación de Horizon.[311] La Universidad también colabora en un proyecto de 10,76 millones de euros (11,71 millones de dólares) sobre "movilidad urbana compartida sin fisuras" que incluye el Ayuntamiento de Jerusalén,[312] una ciudad que afianza la anexión a través del transporte urbano. Es imposible separar la experiencia que los socios israelíes aportan a estas asociaciones de la que han adquirido y utilizado en las violaciones con las que están vinculados.
85. Muchas universidades han mantenido los lazos con Israel a pesar de la escalada posterior a octubre de 2023. La Universidad de Edimburgo, uno de los muchos ejemplos británicos [313], posee casi 25,5 millones de libras esterlinas (31,72 millones de dólares) (el 2,5% de su dotación) en cuatro gigantes tecnológicos -Alphabet, Amazon, Microsoft e IBM [314]- fundamentales para el aparato de vigilancia israelí y la destrucción en curso de Gaza. Con inversiones directas e indexadas, la Universidad se encuentra entre las instituciones con mayor enredo financiero en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Universidad también se asocia con empresas que ayudan a las operaciones militares israelíes, como Leonardo S.p.A.[315] y la Universidad Ben-Gurion, a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Universidad Ben-Gurion,[316] compartiendo investigaciones que la vinculan directamente con los ataques contra los palestinos.
86. El análisis que figura en el presente informe no es más que una pequeña muestra de la información recibida por la Relatora Especial, quien reconoce la labor vital de los estudiantes y el personal para exigir responsabilidades a las universidades. Arroja una nueva luz sobre la represión global contra los manifestantes universitarios: proteger a Israel y proteger los intereses financieros institucionales parece una motivación más probable que luchar contra el supuesto antisemitismo.[317]
V. Conclusiones
87. Mientras la vida en Gaza está siendo arrasada y la Ribera Occidental está siendo objeto de un ataque cada vez mayor, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio llevado a cabo por Israel: porque es lucrativo para muchos. Al arrojar luz sobre la economía política de una ocupación convertida en genocida, el informe revela cómo la ocupación eterna se ha convertido en el campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes empresas tecnológicas, proporcionando una oferta y una demanda ilimitadas, poca supervisión y cero rendición de cuentas, mientras que los inversores y las instituciones privadas y públicas se benefician libremente. Demasiadas entidades corporativas influyentes siguen inextricablemente ligadas financieramente al apartheid y al militarismo israelíes.
88. Después de octubre de 2023, a medida que el presupuesto de defensa israelí se ha duplicado, y en un momento de caída de la demanda, la producción y la confianza de los consumidores, una red internacional de empresas ha apuntalado la economía israelí. Blackrock y Vanguard se encuentran entre los mayores inversores en empresas armamentísticas fundamentales para el arsenal genocida de Israel.
Los principales bancos mundiales han suscrito bonos del Tesoro israelí, que han financiado la devastación, y los mayores fondos soberanos de riqueza y pensiones han invertido ahorros públicos y privados en la economía genocida, al tiempo que afirman respetar las directrices éticas.
89. Las empresas armamentísticas han obtenido beneficios casi sin precedentes al equipar a Israel con armamento de última generación que ha devastado a una población civil prácticamente indefensa.
La maquinaria de los gigantes mundiales de los equipos de construcción ha sido fundamental para arrasar Gaza hasta los cimientos, impidiendo el retorno y la reconstitución de la vida palestina.
Los conglomerados energéticos y mineros extractivos, al tiempo que proporcionan fuentes de energía civil, han alimentado las infraestructuras militares y energéticas de Israel, ambas utilizadas para crear condiciones de vida calculadas para destruir al pueblo palestino.
90. Y mientras el genocidio continúa, continúa el inexorable proceso de anexión violenta en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La agroindustria aún mantiene la expansión de la empresa de colonización. Las mayores plataformas de turismo en línea continúan normalizando la ilegalidad de las colonias israelíes. Los supermercados mundiales siguen almacenando productos de los asentamientos israelíes. Y las universidades de todo el mundo, bajo el disfraz de la neutralidad de la investigación, siguen beneficiándose de una economía que ahora funciona en modo genocida.
De hecho, dependen estructuralmente de las colaboraciones y la financiación de los asentamientos coloniales.
91. Las actividades continúan como de costumbre, pero nada en este sistema, en el que las empresas son integrales, es neutral. El perdurable motor ideológico, político y económico del capitalismo racial ha transformado la economía israelí de desplazamiento-reemplazo de la ocupación en una economía de genocidio. Se trata de una "empresa criminal conjunta",[318] en la que los actos de una sola persona contribuyen en última instancia a toda una economía que impulsa, abastece y permite este genocidio.
92. Las entidades mencionadas en el presente informe constituyen una fracción de una estructura mucho más profunda de participación empresarial, aprovechamiento de violaciones y delitos en el territorio palestino ocupado y los hace posibles. Si hubieran actuado con la diligencia debida, las entidades corporativas habrían dejado de colaborar con Israel hace mucho tiempo. Hoy en día, la exigencia de rendición de cuentas es aún más urgente: cualquier inversión sustenta un sistema de graves crímenes internacionales.
93. Las obligaciones en materia de empresas y derechos humanos no pueden aislarse de la empresa ilegal israelí de asentamientos coloniales en el territorio palestino ocupado, que ahora funciona como una máquina genocida, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado su desmantelamiento total e incondicional. Las relaciones corporativas con Israel deben cesar hasta que la ocupación y el apartheid terminen y se hagan reparaciones. El sector empresarial, incluidos sus ejecutivos, debe rendir cuentas, como un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global de capitalismo racializado que lo sustenta.
VI. Recomendaciones
94. La Relatora Especial insta a los Estados Miembros a que:
a) Imponga sanciones y un embargo total de armas a Israel, incluidos todos los acuerdos vigentes y los artículos de doble uso, como la tecnología y la maquinaria pesada civil;
b) Suspender o impedir todos los acuerdos comerciales y relaciones de inversión e imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a las entidades y personas que participen en actividades que puedan poner en peligro a los palestinos;
c) Hacer cumplir la rendición de cuentas, velando por que las personas jurídicas se enfrenten a consecuencias jurídicas por su participación en violaciones graves del derecho internacional.
95. La Relatora Especial insta a las personas jurídicas a que:
a) Ponga fin sin demora a todas las actividades comerciales y ponga fin a las relaciones directamente relacionadas con las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales cometidos contra el pueblo palestino, que contribuyan a ellas y las causen, de conformidad con las responsabilidades internacionales de las empresas y el derecho de libre determinación;
b) Pagar reparaciones al pueblo palestino, incluso en forma de un impuesto sobre el patrimonio causado por el apartheid, similar a la Sudáfrica posterior al apartheid.
96. La Relatora Especial insta a la Corte Penal Internacional y a los poderes judiciales nacionales a que investiguen y enjuicien a los ejecutivos y/o entidades empresariales por su participación en la comisión de delitos internacionales y el blanqueo de los productos de esos delitos.
97. La Relatora Especial insta a las Naciones Unidas a que:
a) Cumplir con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024;
b) Incluir a todas las entidades involucradas en la ocupación ilegal israelí en la base de datos del ACNUDH (que será debidamente accesible en el sitio web del ACNUDH).
98. La Relatora Especial insta a los sindicatos, a los abogados, a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie a que presionen en favor del boicot, la desinversión, las sanciones, la justicia para Palestina y la rendición de cuentas en los planos internacional y nacional; Juntos, los pueblos del mundo pueden poner fin a estos crímenes indescriptibles.
99. El presente informe se redacta en la cúspide de una profunda y tumultuosa transformación. Las atrocidades presenciadas en todo el mundo exigen urgentes rendición de cuentas y justicia, lo que exige medidas diplomáticas, económicas y legales contra quienes han mantenido y se han beneficiado de una economía de ocupación convertida en genocida. Lo que venga después depende de todos.
1 Consider Philip Stern, Empire, Incorporated: The Corporations that Built British Colonialism (Harvard University Press, 2023); and L.H. Roper, “Private enterprise, colonialism, and the Atlantic world”, Oxford Research Encyclopedia of Latin American History (Oxford University Press, 2018).
2 Nick Estes, Our History Is the Future: Standing Rock versus the Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance (London, Verso, 2019), pp. 43–50.
3 Susan Koshy and others, eds., Colonial Racial Capitalism (Durham, Duke University Press, 2022).
4 Patrick Wolfe, “Purchase by other means: the Palestine Nakba and Zionism’s conquest of economics”, Settler Colonial Studies, vol. 2, No. 1 (2012).
5 Andy Clarno, Neoliberal Apartheid: Palestine/Israel and South Africa after 1994 (Chicago, The University of Chicago Press, 2017).
6 www.unrwa.org/newsroom/official-statements/west-bank-large-scale-house-demolitions-ongoing-israeli-forces.
7 Guiding Principles on Business and Human Rights, principle 4.
8 Ibid., principle 14. A/HRC/59/23 3
9 www.bdsmovement.net; www.whoprofits.org; www.dontbuyintooccupation.org; and www.investigate.afsc.org.
10 A/HRC/22/63, para. 96. See also Human Rights Council resolution 31/36 and A/HRC/43/71.
11 http://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-input-report-special-rapporteur-occupied-palestinian-territory-human. Where authorized by the submitters, submissions will be made available on the web page of the Special Rapporteur. Confidential submissions are listed in the report with an index number.
12 www.somo.nl/mind-the-gap/.
13 Doreen Lustig, “The enduring charter”, in States, Firms and Their Legal Fictions, Melissa J. Durkee, ed. (Cambridge University Press, 2024).
14 Roper, “Private enterprise”.
15 Koshy and others, Colonial Racial Capitalism, p. 4.
16 Federica Violi, “Navigating corporate accountability in international economic law: a critical overview”, in Handbook of Accountability Studies: Politics, Law, Business, Work, Ioannis Papadopoulos and others, eds. (Elgar Publishing, forthcoming 2025).
17 www.realbusinessrescue.co.uk/advice-hub/companies-worth-more-than-countries.
18 Consider Adom Getachew, Worldmaking after Empire (Princeton University Press, 2019), pp. 22–26.
19 Violi, “Navigating corporate accountability”.
20 Anita Ramasastry, “Corporate complicity: from Nuremberg to Rangoon – an examination of forced labor cases and their impact on the liability of multinational corporations”, Berkeley Journal of International Law, vol. 20 (2002).
21 www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf, pp. 21–27.
22 Elies van Sliedregt, “The future of international criminal justice is corporate”, Journal of International Criminal Justice (2025).
23 A/75/212, paras. 10 and 11; and, with reference to commentary on the draft articles on prevention and punishment of crimes against humanity, Yearbook of the International Law Commission 2019, vol. II, Part Two (United Nations publication 2019), pp. 65–67.
24 Guiding principle 13.
25 www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide.
26 Guiding principle 17, commentary.
27 Yearbook of the International Law Commission 2019, vol. II, Part Two (United Nations publication 2019), pp. 65–67; and A/75/212, para. 11.
28 Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024. See also A/79/384, paras. 5–7.
29 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 3. See also A/79/384, para. 8.
30 Alleged Breaches of Certain International Obligations in Respect of the Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany), Order, 30 April 2024, paras. 22–24. See also A/79/384, para. 8.
31 Sai Englert and Gargi Bhattacharyya, “Capital’s genocide: a conversation on racial capitalism, settler colonialism, and possible worlds after Gaza”, Journal Of Holy Land And Palestine Studies, vol. 23, No. 2 (2024), pp. 172–-175.
32 Sherene Seikaly, Men of Capital: Scarcity and Economy in Mandate Palestine (Stanford University Press, 2016), pp. 6–8.
33 Gershon Shafir, “Zionism and colonialism: a comparative approach”, in Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom, Michael Barnett, ed. (SUNY Press, 1996), pp. 234–237.
34 See, for example, www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/kkl-jnf-id/goals-actions/;
www.peacenow.org.il/en/settler-national-fund-keren-kayemeth-leisraels-acquisition-of-west-bank-land; and www.haaretz.com/israel-news/2021-02-14/ty-article/.premium/jewish-national-fund-okays-plan-to-expand-west-bank-settlements/0000017f-e7d9-d62c-a1ff-fffbefe10000.
35 Sheila Ryan, “Israeli economic policy in the occupied areas: foundations of a new imperialism,” MERIP Reports, No. 24 (1974).
36 See, for example, www.alhaq.org/cached_uploads/download/2024/07/04/business-and-human-rights-booklet-1720077751.pdf.
37 www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf; and www.badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced-displacement-as-an-act-of-genocide-in-the-gaza-strip-v6-1718021197.pdf.
38 www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf.
39 United Nations Conference on Trade and Development, document TD/B/1102, available at https://unctad.org/system/files/official-document/tdbd1102_en.pdf; UNCTAD/GDS/APP/2006/1; and www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/, pp. 164–193.
40 Tariq Dana, “Dominate and pacify: contextualizing the political economy of the occupied Palestinian territories since 1967”, in Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives, Alaa Tartir, Tariq Dana and Timothy Seidel, eds., (Cham, Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2021); Shir Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation: Repression beyond Exploitation (Pluto Press, 2010), pp. 27–37; and www.arij.org/wp-content/uploads/2016/03/The_Economic_Cost_of_the_Israeli_occupation_Report_upd.pdf.
41 www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/israel0116_web2.pdf.
42 https://documents1.worldbank.org/curated/en/654801468176641469/pdf/473230WP0GZ0Re101PUBLIC10Box334128B.pdf, pp. 2 and 3.
44 Maya Wind, Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom (New York, Verso, 2024); and Uri Yacobi Keller, “Academic boycott of Israel and the complicity of Israeli academic institutions in occupation of Palestinian territories”, Economy of the Occupation, Socioeconomic Bulletin No. 23 (Alternative Information Center, 2009), p. 5.
45 Samer Abdelnour, “Making a killing: Israel’s military-innovation ecosystem and the globalization of violence”, Organization Studies, vol. 44, No. 2; and Ilan Pappee, The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge (London, Verso, 2015).
46 See TD/B/71/3 and A/79/343.
47 See Antony Loewenstein, The Palestine Laboratory (New York, Verso, 2023).
48 Ali H. Musleh, “Designing in real-time: an introduction to weapons design in the settler-colonial present of Palestine”, Design and Culture, vol. 10, No. 1 (2018).
49 www.linkedin.com/posts/israelimod_israel-showcases-advanced-defense-technologies-activity- 7325900544680595456-gQ-C/; and Loewenstein, The Palestine Laboratory, pp. 5 and 6.
50 Gabriel Sheffer and Oren Barak, eds., Militarism and Israeli Society (Bloomington, Indiana University Press, 2010).
51 www.sipri.org/sites/default/files/2025-03/fs_2503_at_2024_0.pdf, p. 2.
52 www.sipri.org/visualizations/2024/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-world-2023.
53 www.youtube.com/watch?v=cbIyvbbC68A (around minutes 41/42).
54 Submission 2.45; https://en.globes.co.il/en/article-prioritizing-israel-creates-problems-for-elbit-systems-1001501806; www.youtube.com/watch?v=eEexR-3VrjI (2024); and www.youtube.com/watch?v=cbIyvbbC68A (around minute 42).
55 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-signs-deals-with-defence-firm-elbit-make-bombs-domestically-2025-01-07/.
56 https://www.timesofisrael.com/israeli-arms-sales-break-record-for-4th-year-in-row-reaching-14-8-billion-in-2024/.
57 https://www.congress.gov/crs-product/R48304; https://ploughshares.ca/global-production-of-the-israeli-f-35i-joint-strike-fighter/; https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/14/fact-sheet-memorandum-understanding-reached-israel; and www.gov.il/en/pages/ef35adir.
58 investigate.afsc.org/company/lockheed-martin.
59 https://investigate.info/company/leonardo.
60 www.19fortyfive.com/2025/04/f-35i-adir-israels-custom-f-35-that-no-other-nation-has/; www.airandspaceforces.com/PDF/MagazineArchive/Documents/2017/April%202017/0417_Grudo_I sraeli.pdf; https://www.israeldefense.co.il/en/node/38893; www.iai.co.il/f-16-aerostructures-and-f-35-wing-lockheed-martin; and https://bulgarianmilitary.com/2025/02/15/israel-awaits-eight-upgraded-f-35is-with-improved-software/.
61 https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35i-adir-stealth-fighter-most-dangerous-warplane-earth-208569; www.twz.com/israeli-f-35-shoots-down-cruise-missile; www.twz.com/air/israeli-f-35s-first-to-use-beast-mode-in-combat; and https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35-beast-mode-how-americas-stealth-jet-becomes-bomb-truck-207837.
62 www.wdmma.org/israeli-air-force.php#google_vignette; www.lockheedmartin.com/en-il/index.html.
63 https://ndia.dtic.mil/wp-content/uploads/2010/armament/TuesdayLandmarkADougHayward.pdf, pp.12 and 14; https://www.f-16.net/f-16_armament_article9.html; and https://www.airandspaceforces.com/weapons-platforms/gbu-31-32-38-jdam/.
64 https://environment.ps/en/gazza/.
65 https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-sends-israel-2-000-pound-bunker-buster-bombs-for-gaza-war-82898638
66 As at 5 June 2025; https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODAxNTYzMDYtMjQ3YS00OTMzLTkxMWQtOTU1NWEwMzE5NTMwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9.
67 www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20240619-ohchr-thematic-report-indiscrim-disprop-attacks-gaza-oct-dec2023.pdf, pp. 6–12; https://danwatch.dk/en/major-civilian-casualties-danish-equipped-fighter-jets-behind-bloody-attack-in-gaza/; www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/, pp. 106–120; https://aviationweek.com/defense-space/budget-policy-operations/us-f-35-sustainment-lead-details-israel-fleet-ops-october; and www.reuters.com/world/us-has-sent-israel-thousands-2000-pound-bombs-since-oct-7-2024-06-28/.
68 http://www.idf.il/en/mini-sites/our-corps-units-brigades/sky-rider-unit/sky-rider-unit/; and https://euromedmonitor.org/en/article/6166/Gaza:-Israel-systematically-uses-quadcopters-to-kill-Palestinians-from-a-close-distance.
69 Stefan Borg, “Assembling Israeli drone warfare: loitering surveillance and operational sustainability”, Security Dialogue, vol. 52, No. 5 (2021); www.bbc.com/arabic/articles/c98zw7yqr21o (in Arabic); and https://dronewars.net/wp-content/uploads/2019/11/DW-FracturedLives-WEB.pdf, p. 3.
70 Submission 3.1.17; https://arxiv.org/pdf/2212.03298; and https://archive.org/details/MIT-research-expenditures-by-sponsor-2023/page/n1/mode/2up.
71 www.mako.co.il/news-military/6361323ddea5a810/Article-2c5864e6289cb81027.htm (in Hebrew); https://www.newscientist.com/article/2282656-israel-used-worlds-first-ai-guided-combat-drone-swarm-in-gaza-attacks/; and https://www.defenseone.com/ideas/2021/07/israels-drone-swarm-over-gaza-should-worry-everyone/183156/.
72 Andrew Feinstein and Paul Holden, “The failure of regulation of the global arms trade as a consequence of high-level conflicts of interest”, Brown Journal of World Affairs, vol. 27, No. 1 (2020).
73 Submission 2.39; https://jobs.iai.co.il/job/76041120/;
www.facebook.com/watch/?mibextid=WC7FNe&v=415983857439668&rdid=uNT8CldfcPhxginm; and www.youtube.com/watch?v=jY9lmDeRKpg.
74 https://static1.squarespace.com/static/664aed65d320123f2b3ab647/t/6839b7ef4b4ad5057504c8c1/17 48613120265/REPORT-Maersk-F35Program-05272025.pdf.
75 www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf.
76 www.elbitsystems.com/sites/default/files/2025-03/18032025e.pdf;
www.linkedin.com/posts/israelimod_israel-mod-purchases-advanced-drones-and-activity-7269631533118889984-4NIO/; www.linkedin.com/posts/israelimod_israel-mod-awards-55m-contract-to-elbit-activity-7330194304629403648-YUG-/; and https://defence-industry.eu/israel-aerospace-industries-iai-reports-record-profits-and-orders-in-2024/.
77 www.nasdaq.com/market-activity/stocks/lmt/historical?page=1&rows_per_page=10&timeline=y5; https://www.reuters.com/world/us-has-sent-israel-thousands-2000-pound-bombs-since-oct-7-2024-06-28/; https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2023/2024/Costs%20of%20War_US%20 Support%20Since%20Oct%207%20FINAL%20v2.pdf, pp. 21 and 22; www.rheinmetall.com/en/products/weapons-and-munition/weapons-and-ammunition/aircraft-bombs; and https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_W52P1J22F0208_9700_W52P1J19D0015_9700.
78 This technology should be duly considered under the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (see www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/WA-DOC-19-Public-Docs-Vol-I-Founding- Documents.pdf). See also Regulation (EU) 2021/821.
79 Consider also Rhys Machold, “Reconsidering the laboratory thesis: Palestine/Israel and the geopolitics of representation”, Political Geography, vol. 65 (2018).
80 https://research.ibm.com/labs/israel; www.microsoftrnd.co.il/whoweare#AboutUs; https://startup.google.com/campus/tel-aviv/; and https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS%20Economic%20Impact%20Study%20Israel%20Infographics.pdf.
81 See, for example, www.amnesty.org/en/documents/mde15/6701/2023/en/; submission 2.24.
82 Loewenstein, The Palestine Laboratory, pp. 83–85; and https://besacenter.org/is-israel-the-start-up-nation-because-of-its-unique-security-situation/.
83 Loewenstein, The Palestine Laboratory, pp. 147 and 148.
84 www.amnesty.org/en/latest/reseivisarch/2021/11/devices-of-palestinian-human-rights-defenders-hacked-with-nso-groups-pegasus-spyware-2/.
85 www.amnesty.org/en/documents/doc10/4491/2021/en/ www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000.
86 www.gov.il/en/pages/mod-tightens-control-of-cyber-exports-6-december-2021; www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0189_EN.html, paras. 19 and 85; and www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-02-03/ty-article/.premium/israels-spyware-diplomacy-is-an-extension-of-its-long-bloody-history-of-arms-sales/0000017f-f882-ddde-abff-fce787ac0000.
87 www.whoprofits.org/companies/company/7236; and https://finder.startupnationcentral.org/program_page/ibm-alpha-zone.
88 www.gov.il/he/pages/ibm_maintanance_contract_with_piba (in Hebrew).
89 www.truthdig.com/articles/the-big-tech-behind-israels-digital-apartheid/; see also A/HRC/53/59, para. 93.
90 https://www.whoprofits.org/companies/company/3774.
91 https://www.whoprofits.org/publications/report/137; A/67/379, paras 67-71.
92 www.sec.gov/Archives/edgar/data/47217/000004721724000080/hp10-31x24ex21subsidiaries.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1645590/000164559023000117/ex-21x10312023.htm; and https://www.whoprofits.org/publications/report/160.
93 https://bdsmovement.net/microsoft.
94 https://medium.com/@notechforapartheid/a-marriage-made-in-hell-an-introduction-to-microsofts-complicity-in-apartheid-and-genocide-d7dfad65a196; and https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/p/646740 (in English and Hebrew).
95 https://mondoweiss.net/2021/03/how-microsoft-is-invested-in-israeli-settler-colonialism/; and www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2302074,00.html (in Hebrew).
96 https://blogs.microsoft.com/blog/2015/09/08/microsoft-acquires-adallom-to-advance-identity-and-security-in-the-cloud/; and https://blogs.microsoft.com/blog/2020/06/22/microsoft-acquires-cyberx-to-accelerate-and-secure-customers-iot-deployments/.
97 https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/news/details/111222; and www.documentcloud.org/documents/24630181-0683x000010wodmqa2/ (in Hebrew).
98 www.nytimes.com/2024/12/03/technology/google-israel-contract-project-nimbus.html; and www.documentcloud.org/documents/24630178-intercept-translation-of-appendix-b-of-project-nimbus-tender-document/.
99 www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-confirms-its-providing-ai-and-cloud-services-to-israeli-military-for-war-in-gaza/; www.972mag.com/cloud-israeli-army-gaza-amazon-google-microsoft/; and www.washingtonpost.com/technology/2025/01/21/google-ai-israel-war-hamas-attack-gaza/.
100 www.youtube.com/watch?v=qLBDfnZJrC8 (in Hebrew); and https://www.pc.co.il/news/-מידע-אבטחתוסייבר /412016.
101 www.theguardian.com/world/2025/jan/23/israeli-military-gaza-war-microsoft; and submission 2.27.
102 www.gov.il/en/pages/_bpress_20102022; http://www.gov.il/en/pages/press_01082023_b; and https://news.microsoft.com/source/emea/features/microsoft-to-launch-new-cloud-datacenter-region-in-israel/.
103 Submission 2.29; https://www.timesofisrael.com/israel-signs-deal-for-cloud-services-with-google-amazon/; and https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/05/15/statement-technology-israel-gaza/.
104 www.youtube.com/watch?v=qLBDfnZJrC8.
105 www.hrw.org/news/2024/09/10/gaza-israeli-militarys-digital-tools-risk-civilian-harm;
www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/gaza-un-experts-deplore-use-purported-ai-commit-domicide-gaza-call; https://verfassungsblog.de/gaza-artificial-intelligence-and-kill-lists/; and https://www.palestine-studies.org/en/node/1656285.
106 Letter from Palantir, dated 22 May 2025, addressed to the Special Rapporteur (on file with thesecretariat).
107 www.haaretz.com/israel-news/2017-05-31/ty-article-magazine/.premium/israel-jails-palestinians-who-fit-terrorist-profile/0000017f-f85f-d044-adff-fbff5c8a0000;
https://blog.palantir.com/announcing-palantir-government-web-services-9fa1cdbbc6fc;
www.palantir.com/platforms/aip/; https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-
0001321655/d75a90fd-c80a-40bd-b60c-1f5b8c10127e.pdf; www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/; and https://responsiblestatecraft.org/peter-thiel-israel-palantir/.
108 www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/3MuEeA8MLbLDAyxixTsiIe/9e4a11a7fb058554a8a1e3cd83e31c09/C134184_finaleprint.pdf.
109 https://m.youtube.com/watch?v=uQCazCId_9o (at 1:24:12–1:25:15).
110 Consider www.alhaq.org/cached_uploads/download/2024/06/11/11-june-2024-obligations-of-third-states-and-corporations-to-prevent-and-punish-genocide-in-gaza-3-1718133118.pdf. 129 www.business-humanrights.org/en/latest-news/israelpalestine-israeli-army-bulldozers-allegedly-run-
over-wounded-civilians-in-northern-gaza-co-did-not-respond/.
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318 International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Karemera and Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-T, Judgment and Sentence, 2 February 2012, para. 62.
Anexo
Sinopsis del marco jurídico que rige la responsabilidad jurídica de las empresas en el territorio palestino ocupado
1. Introducción
1. En el presente anexo se establece el marco jurídico internacional aplicable en términos generales al sector empresarial implicado en el territorio palestino ocupado. Su objetivo es proporcionar orientación sobre la interpretación y aplicación de los conceptos jurídicos y las conclusiones fácticas presentadas en el informe principal. No pretende ser una exposición exhaustiva del derecho internacional en este ámbito, pero presenta los principios generales de la responsabilidad empresarial, en particular los que se aplican cuando las entidades empresariales1 están implicadas en el desplazamiento de palestinos de sus tierras y su sustitución por colonias ilegales, en contra del derecho internacional. Las entidades corporativas corren el riesgo de ser consideradas responsables de conductas explotadoras, abusivas e incluso delictivas. Aunque la responsabilidad de las empresas y la complicidad penal en las violaciones de derechos humanos eran ciertamente identificables en el TPO antes de octubre de 2023, los acontecimientos fácticos y jurídicos posteriores podrían implicar a las empresas en la ocupación ilegal y el genocidio.
2. Responsabilidad de las empresas en virtud del derecho internacional
2. La responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los crímenes de derecho internacional se rige por instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional.
3. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) constituyen el marco normativo a nivel internacional para la regulación de la conducta de las empresas con respecto a los derechos humanos.2 Establecen lo que los Estados y las entidades empresariales deben hacer para cumplir con las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y ya están teniendo un impacto significativo en la legislación y las políticas nacionales. De hecho, los Principios Rectores de las Naciones Unidas proporcionan la lente normativa a través de la cual se puede evaluar la conducta de las empresas con el fin de establecer hechos jurídicamente relevantes en los litigios en los que se aborda la responsabilidad de las empresas. Se preocupan tanto por prevenir los impactos adversos sobre los derechos humanos como por garantizar que se adopten medidas correctivas cuando la conducta de una empresa cause, contribuya o esté directamente relacionada con dichos impactos.3 De manera crucial, se aplican requisitos normativos más estrictos en contextos de conflicto, ocupación y vulnerabilidad estructural, especialmente cuando la aplicación nacional del derecho internacional de los derechos humanos puede ser débil o verse comprometida, haciendo necesaria la supervisión internacional.4
4. Otras áreas del derecho internacional establecen obligaciones legales específicas para las empresas, especialmente el derecho internacional humanitario –que es vinculante para los actores no estatales involucrados en conflictos armados5– y el derecho penal internacional, en virtud del cual individuos como los ejecutivos de las empresas, y cada vez más las propias entidades corporativas, pueden ser considerados penalmente responsables.6 Los tribunales nacionales son la jurisdicción principal para hacer cumplir la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
2.1. Los Estados como principales garantes de derechos
5. El derecho internacional otorga a los Estados la función primordial de garantizar que las entidades corporativas no violen el derecho internacional y respeten los derechos humanos, como parte de su obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, confirmado por los Principios Rectores de las Naciones Unidas, se puede determinar que los Estados han incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando no adoptan las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados cuando se producen violaciones de los derechos humanos.7 Los Estados tienen la obligación de ampliar esta regulación y supervisión a las operaciones de las empresas que se producen fuera de su territorio. de conformidad con las obligaciones extraterritoriales generales en materia de derechos humanos8.
6. Además, con arreglo a las normas sobre la responsabilidad de los Estados, las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados se atribuirán a un Estado cuando una persona jurídica actúe siguiendo instrucciones del Estado o bajo su control o dirección, esté facultada por la legislación estatal para ejercer elementos de autoridad gubernamental o cuando el Estado reconozca y adopte el comportamiento como propio.9 En consecuencia, los Principios Rectores de las Naciones Unidas exigen que los Estados adopten medidas adicionales para protegerse contra los abusos de los derechos humanos por parte de entidades corporativas que son propiedad, están controladas por el Estado o reciben apoyo sustancial de éste.10
2.2. Responsabilidades de las personas jurídicas
7. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas se aplican a todas las empresas corporativas, "independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura". 11 La responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional existe independientemente de la de los Estados y con independencia de las medidas que los Estados adopten o no para garantizar el respeto de los derechos humanos. En consecuencia, las empresas deben respetar los derechos humanos incluso si el Estado en el que operan no lo hace, y pueden ser consideradas responsables incluso si han cumplido con las leyes nacionales en las que operan.12 En otras palabras, el cumplimiento de las leyes nacionales no excluye/no es una defensa de responsabilidad u obligación.
8. Las personas jurídicas están obligadas tanto a evitar violar las normas de derechos humanos como a abordar las violaciones de los derechos humanos que resulten de sus propias actividades o de sus relaciones comerciales con otros. Para lograr esto, los Principios Rectores de las Naciones Unidas establecen un "continuo de participación" y las responsabilidades asociadas. Estos reflejan la complejidad de las estructuras corporativas y las cadenas de valor económicas, y el hecho de que la naturaleza de la participación de una empresa en un impacto particular sobre los derechos humanos puede cambiar con el tiempo, de modo que si no toma las medidas adecuadas, podría ascender en ese continuo. Las actividades de una entidad corporativa y sus relaciones pueden verse como parte de un ecosistema, que en conjunto puede (al perpetrar, facilitar, permitir y/o beneficiarse) afectar negativamente a los derechos humanos, lo que resulta en violaciones.13
9. La responsabilidad de una entidad corporativa depende principalmente de si sus actividades o relaciones a lo largo de su cadena de suministro/valor14 riesgos, o de hecho:
(a) causando violaciones de los derechos humanos15, debido a que sus propias actividades son esenciales para que la violación de los derechos humanos pueda ocurrir.16
(b) contribuir a las violaciones a través de sus propias actividades, ya sea directamente o a través de alguna entidad externa (gobierno, empresa u otra). Esto incluye cualquier actividad o relación en la que pueda establecerse un vínculo causal entre las acciones de la entidad corporativa y la violación resultante.17 Se considerará que existe causalidad entre las acciones de la entidad y el abuso resultante cuando haya facilitado o permitido el abuso, haya creado fuertes incentivos para que un tercero viole el derecho internacional de los derechos humanos o haya realizado actividades "en paralelo con un tercero, que conducen a impactos acumulativos".18
(c) directamente vinculada a las violaciones a través de sus operaciones, productos, servicios o relaciones corporativas, aunque no tiene por qué estar contribuyendo a los abusos.19
10. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas esperan que las entidades corporativas se aseguren de no estar implicadas en violaciones de los derechos humanos mediante la realización periódica de la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar las preocupaciones y ajustar su conducta.20 Además, en situaciones de conflicto armado, ocupación y otros casos de violencia generalizada, se espera que las entidades corporativas intensifiquen la debida diligencia en materia de derechos humanos durante todo el período del conflicto.21
11. Como parte de este proceso intensificado, que es imperativo en los Territorios Palestinos Ocupados, las personas jurídicas deben hacerse tres preguntas con respecto a sus acciones y omisiones:
a) ¿Existe un impacto adverso real o potencial en los derechos humanos o el conflicto está relacionado con las actividades, productos o servicios de la persona jurídica?
b) En caso afirmativo, ¿aumentan las actividades de la persona jurídica el riesgo de que se produzcan esos efectos?
c) En caso afirmativo, ¿serían suficientes las actividades de la sociedad por sí solas para producir ese impacto?22
12. Al responder a estas preguntas, las personas jurídicas deben tener en cuenta:
● Los conflictos siempre generarán impactos negativos adversos en los derechos humanos, por lo tanto, una entidad corporativa que opere en un conflicto siempre causará, contribuirá o estará directamente vinculada con impactos en los derechos humanos;
● Las actividades de las empresas en una zona afectada por un conflicto nunca pueden ser "neutrales"; Aun cuando una persona jurídica no tome partido en un conflicto, sus actividades afectarán inevitablemente a la dinámica del conflicto;
● Las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y la obligación de prevenir el genocidio, además de los derechos humanos.23
13. Sobre la base de la evaluación anterior, una entidad corporativa tiene responsabilidades legales particulares:
a) Cuando causa violaciones de los derechos humanos (responde afirmativamente a las tres preguntas), tiene la responsabilidad de poner fin a la acción y de proporcionar recursos y reparaciones por los daños causados24.
b) En los casos en que contribuya a las violaciones de los derechos humanos (responda "sí" a las preguntas 1 y 2 y "no" a la pregunta 3), tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos o impedirlas o impedirlo, mitigar los efectos restantes mediante su influencia y cooperar en la reparación del daño25.
c) Cuando esté directamente relacionado con violaciones de los derechos humanos (las respuestas afirmativas sólo a la pregunta 1) se le exige que utilice su influencia, incluso en colaboración, para prevenir o mitigar el impacto en los derechos humanos.26 En caso de que esa influencia resulte ineficaz, debe considerar la posibilidad de poner fin a las relaciones.27 Si no se desvincula de un contexto de alto riesgo (a pesar de la diligencia debida), aumentará la responsabilidad de la entidad empresarial por la violación.28
14. Un aspecto crucial y a menudo mal entendido del marco es que, al evaluar las acciones empresariales, lo que importa es el impacto material de las acciones corporativas en la protección actual y potencial de los derechos humanos y en el contexto afectado por el conflicto en sí,29 y no el grado de diligencia ejercida o el grado de negligencia.30 En otras palabras, Llevar a cabo esta debida diligencia no eximirá de responsabilidad a una entidad corporativa.31 Lo que importa son los impactos en los derechos humanos y las acciones tomadas para evitar o abordar el riesgo.
15. Por lo tanto, es fundamental identificar correctamente la violación de que se trate. Esto significa que las entidades corporativas deben considerar si violaciones específicas de los derechos humanos también pueden ser constitutivas de violaciones más estructurales y sistémicas del derecho internacional.32 Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas, la gravedad de los impactos en los derechos humanos determinará sus responsabilidades y la suficiencia de las medidas adoptadas para prevenir, cesar y remediar las graves violaciones.33 Por ejemplo, Una entidad corporativa puede estar contribuyendo a la demolición de viviendas y al desplazamiento forzado. Sin embargo, en un contexto de expansión de los asentamientos, o de delitos más estructurales, las acciones de la empresa también pueden estar directamente vinculadas al mantenimiento del apartheid, la discriminación racial y el genocidio, o contribuir a esas violaciones, cuando el desplazamiento forzado sistemático es un componente constitutivo de estos delitos a medida que se desarrollan. También contribuyen intrínsecamente a la violación del derecho a la libre determinación.
16. Además, la complejidad de los procesos previstos de DDDH y la urgencia con la que las entidades corporativas deben actuar es proporcional a la escala, el alcance y la irremediabilidad de las violaciones que se producen.34 En situaciones en las que hay pruebas claras de violaciones de derechos humanos continuas y generalizadas, la entidad corporativa debe tratar el riesgo de participación como una cuestión de cumplimiento legal y, en las circunstancias más extremas, cesar las operaciones en el Estado de que se trate. El aumento de la DDDH permite a las entidades corporativas anticipar la escalada de las violaciones y tomar las medidas necesarias antes de que se materialicen.35 El no hacerlo afecta el grado de participación y la medida en que sus acciones se considerarán suficientes, lo que repercute en las evaluaciones de responsabilidad. Por lo tanto, una entidad corporativa directamente vinculada a las demoliciones de viviendas y que no ponga fin a sus relaciones se encontrará contribuyendo a esa violación, asumiendo mayores responsabilidades36.
2.3. Cuándo la responsabilidad puede dar lugar a la responsabilidad penal
17. La falta de actuación responsable de conformidad con el derecho internacional puede implicar a las personas jurídicas en violaciones más graves que den lugar a responsabilidad penal, para la entidad jurídica y/o para sus ejecutivos.
18. A partir del legado de los juicios de los industriales en Nuremberg,37 la responsabilidad corporativa por crímenes internacionales se basa en el reconocimiento del papel fundamental que desempeña la economía en tiempos de guerra y conflicto,38 y en el hecho de que las entidades corporativas pueden estar involucradas en violaciones atroces del derecho internacional que constituyen crímenes internacionales.
19. Los ejecutivos individuales pueden ser considerados penalmente responsables de las acciones de sus entidades corporativas, incluso ante la Corte Penal Internacional.39 Mientras que, cada vez más, las propias entidades corporativas también podrían enfrentar responsabilidad penal como resultado de la cristalización emergente de los principios jurídicos internacionales consuetudinarios.40 Esto incluye algunas jurisdicciones nacionales que atribuyen responsabilidad penal a las empresas,41 y un cuerpo cada vez mayor de tratados consagran la responsabilidad penal de las personas jurídicas. lo que significa que, según el derecho internacional, las empresas pueden ser penalmente responsables de delitos específicos, como el genocidio,42 el apartheid,43 la financiación del terrorismo,44 el crimen organizado45 y la corrupción.46
20. La conducta de las empresas y de sus ejecutivos puede dar lugar a responsabilidad penal directa, pero lo más habitual es que constituya complicidad o complicidad en la responsabilidad. Esto puede implicar instigación, apoyo moral,47 o instigación, prestación de ayuda o asistencia para la comisión de un crimen48 o la creación de las condiciones necesarias para que ocurran crímenes atroces.49 Los tribunales internacionales generalmente han determinado que la responsabilidad penal por tales formas de complicidad: (a) puede establecerse cuando la ayuda o asistencia tiene un efecto material en la comisión del crimen, 50 y (b) depende del conocimiento que posea la entidad/ejecutivo de cómo se utilizarán sus servicios o actividades, y del efecto en la comisión del delito.51
21. En otras palabras, no es necesario demostrar que la entidad o el individuo tuvo la intención de causar el daño particular; basta con que, al proporcionar apoyo logístico, financiero u operativo, tuvieran conocimiento real o implícito de que los principales autores estaban involucrados en un crimen determinado,52 o, en el caso de los enjuiciamientos ante la CPI, actuaron "con el propósito de facilitar la comisión de tal crimen".53 El control financiero y administrativo sobre una entidad corporativa involucrada en el crimen es suficiente para establecer la base de la responsabilidad penal individual.54 La jurisprudencia ha confirmado que los actores corporativos no pueden eludir la responsabilidad alegando que simplemente estaban cumpliendo contratos comerciales.55
2.4. Mecanismos de ejecución
22. Este marco internacional es exigible a través de una serie de mecanismos, en particular a nivel nacional y regional, establecidos por los Estados para cumplir con las obligaciones jurídicas descritas en la sección 2.1.
23. Para muchas empresas, un incentivo clave para mantener prácticas que respeten los derechos humanos es el riesgo de daño a la reputación derivado de su participación en violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales. La base de datos de las Naciones Unidas (véase 3.1 infra)56, por ejemplo, ha promovido significativamente la concienciación sobre la responsabilidad de las empresas en los Territorios Palestinos Ocupados y ha contribuido a las decisiones de desinversión.
24. El examen de todos los mecanismos legislativos y políticos adoptados por los Estados está fuera del alcance de este informe. En muchas jurisdicciones, las violaciones corporativas de las normas de jus cogens, el derecho internacional consuetudinario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos son aplicables en los tribunales, mientras que en otras las leyes penales nacionales, las leyes de responsabilidad extracontractual y negligencia y las leyes contractuales proporcionan mecanismos útiles para las víctimas. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas pueden y deben utilizarse de manera coherente para proporcionar la lente normativa necesaria para evaluar la conducta de las empresas y establecer hechos jurídicamente relevantes.
25. Ejemplos de responsabilidad corporativa por violaciones del derecho internacional incluyen: en el Reino Unido por las emisiones tóxicas de una mina de cobre administrada por una subsidiaria,57 en los Países Bajos por el suministro de gas nervioso a Irak,58 en Francia por los pagos a grupos armados para mantener en funcionamiento una fábrica de cemento59 y en Suecia por usar al ejército para asegurar los campos petroleros en Sudán.60 En los Estados Unidos, una demanda civil en virtud de la Ley de Agravios a Extranjeros, en virtud de la cual los tribunales estadounidenses pueden responsabilizar a las empresas estadounidenses por "violaciones del derecho de gentes",61 condujo a un acuerdo con una empresa petrolera estadounidense por su complicidad en violaciones en Myanmar.62
26. Cuando una persona jurídica se beneficia de acciones que constituyen un delito internacional (por ejemplo, un crimen de guerra, genocidio, apartheid o un acto de agresión), esto también puede constituir el delito determinante de un delito en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales y productos del delito que existe en muchas jurisdicciones nacionales,63 que, si se demuestra con éxito, puede infectar todas las transacciones empresariales a lo largo de la cadena de suministro, tales como la provisión de seguros, servicios tecnológicos, contabilidad legal y servicios bancarios.64
27. En varios Estados, entre ellos Francia,65 Alemania,66 Noruega67 y Suiza,65 existen leyes nacionales de diligencia debida en materia de derechos humanos,68 y cabe esperar que el número aumente en todos los Estados de la UE tras la adopción de la Directiva de la UE sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas en julio de 2024,69 sujeto a las enmiendas propuestas.70 Estas leyes establecen mecanismos de supervisión y ejecución a través de medidas cautelares y sanciones proporcionadas y disuasorias.71 A menudo se complementan con regulaciones aplicables a sectores particulares, como los artículos de cibervigilancia de doble uso,72 el trabajo forzoso73 y las entidades de información no financiera.74
28. Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable han abierto nuevas oportunidades para el escrutinio.75 Éstas exigen que los 51 Estados adherentes, incluido Israel,76 establezcan Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para promover las directrices y crear un mecanismo de reclamación no judicial que permita a las ONG, los sindicatos, las personas y las comunidades afectadas presentar reclamaciones sobre las operaciones directas o las cadenas de suministro de las empresas que operan en o desde un país de la OCDE, 77 y a recibir un resultado mediado o una determinación final con recomendaciones.78
29. Cuando no se dispone de recursos directos contra las personas jurídicas, puede ser posible responsabilizar a los Estados por el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a las personas jurídicas dentro de su jurisdicción79.
3. Aplicación del marco al territorio palestino ocupado
30. En el caso de los territorios palestinos ocupados, las entidades corporativas han sido advertidas durante décadas sobre la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones de los derechos humanos perpetradas allí. Una debida diligencia adecuada en materia de derechos humanos habría identificado el riesgo de que las entidades corporativas incurrieran en responsabilidad por tales violaciones mucho antes de los catastróficos acontecimientos que se han desarrollado desde octubre de 2023, más aún si se hubieran seguido los procesos intensificados requeridos.
3.1. Un contexto inherentemente ilegal, expuesto gradualmente
31. Desde 1967, los grupos de derechos humanos palestinos e israelíes,80 los principales órganos de las Naciones Unidas81, así como los órganos de tratados de la ONU,82 relatores especiales,83 comités de investigación84 y las principales ONG internacionales –entre ellas Human Rights Watch,85 Amnistía Internacional,86 Save the Children87 y Oxfam88– han documentado sistemáticamente las numerosas violaciones de la ocupación israelí, incluidas las estructuras económicas que la sustentan.
32. En su opinión consultiva de 2004, la CIJ concluyó que la construcción del muro por parte de Israel en Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, violaba normas imperativas del derecho internacional, incluido el derecho a la libre determinación, la prohibición de la anexión y las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluido el delito de desplazamiento forzado89.
33. La Opinión Consultiva de 2004 sentó las bases para las respuestas de la sociedad civil, como la campaña BDS90 y las iniciativas de otros actores91 que se han movilizado en torno al principio de que quienes se benefician de la ocupación deben rendir cuentas. En respuesta a la creciente presión, así como a las evaluaciones de riesgos internas y las consideraciones estratégicas, varias empresas han tomado medidas. Algunas empresas han desinvertido –por ejemplo, KLP de Caterpillar,92 Irish Strategic Investment Fund de seis empresas israelíes93 y AXA de cinco bancos israelíes y Elbit Systems94– o han retirado sus operaciones del mercado israelí, como lo han hecho Veolia,95 CRH,96 General Mills,97 G4S,98 Yokohama99 y Pret a Manger,100 y Ben & Jerrys sigue luchando para implementar su decisión de retirar las ventas a las colonias en contra de los esfuerzos de su empresa matriz Unilever.101 En el sector deportivo, la defensa sostenida llevó a Adidas, PUMA y Erreà a poner fin a su patrocinio de la Asociación de Fútbol de Israel.102
34. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/HRC/RES/31/36, en virtud de la cual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una base de datos en 2020 («base de datos de las Naciones Unidas») en la que figuran las empresas comerciales que han "permitido, facilitado y beneficiado directa e indirectamente la construcción y el crecimiento de los asentamientos", identificando diez tipos específicos de actividades.103 Su versión más reciente, actualizada en 2023, enumera 97 empresas.104 Si bien no cubre toda la gama de actividades relevantes, la base de datos captura componentes críticos de la compleja matriz de entidades corporativas involucradas en el desplazamiento y reemplazo de los palestinos.
3.2. Desplazamiento sísmico: procedimientos judiciales internacionales
35. Los recientes avances jurídicos relativos a los Territorios Palestinos Ocupados han modificado significativamente la evaluación de la responsabilidad de las empresas y la posible responsabilidad.
36. La más significativa es la Opinión Consultiva de la CIJ de 19 de julio de 2024, que abordó la legalidad de la propia presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados. La Corte declaró ilegal la presencia prolongada de Israel en la totalidad del territorio, incluido su régimen de colonias –compuesto por su presencia militar, asentamientos, infraestructuras asociadas y control de los recursos naturales palestinos105– en su totalidad106 sobre la base de violaciones sostenidas de dos normas imperativas del derecho internacional: el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza (anexión).107 La Corte también reconoció, entre otras, la violación de la norma inderogable que prohíbe la segregación racial y el apartheid.108
37. La conclusión de la CIJ de una violación de la prohibición del uso de la fuerza califica efectivamente la ocupación como un acto de agresión.109 En consecuencia, cualquier trato que apoye o sostenga la ocupación y su aparato asociado puede equivaler a complicidad en un crimen internacional según el Estatuto de Roma.110 Si bien Israel, como potencia ocupante de facto, La ilegalidad de la ocupación significa que todas las acciones administrativas y militares que emprende en los Territorios Palestinos Ocupados –desde el control de visados, permisos y circulación, hasta el encarcelamiento y la regulación económica– carecen de autoridad legal en virtud del derecho internacional y deben considerarse inválidas.111
38. En segundo lugar, el reconocimiento por parte de la CIJ de la violación del derecho a la libre determinación informa a su vez la interpretación de todos los derechos humanos y otras obligaciones jurídicas que se derivan de él. Como lo señaló la Corte, el derecho a la libre determinación es el derecho más fundamental y existencial de todos los seres humanos, ya que se refiere a la capacidad inherente de un pueblo para existir y determinarse como pueblo en un territorio determinado, libre del control y la ocupación extranjeros.112 Sin este derecho, un pueblo no puede ejercer control sobre sus vidas y recursos en el territorio reconocido como suyo por el derecho internacional.113
39. Sobre la base de la Opinión Consultiva de la CIJ, la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió que Israel pusiera fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados antes del 17 de septiembre de 2025.114 Hasta que eso suceda, los Estados no deben proporcionar ayuda o asistencia ni entablar relaciones económicas o comerciales, y deben tomar medidas para prevenir las relaciones comerciales o de inversión que ayudarían a mantener la situación ilegal creada por Israel en los Territorios Palestinos Ocupados.115 Cabe enfatizar que el hecho de que los Estados no actúen en relación con el fallo de la CIJ no exime a las personas jurídicas de sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
3.3. Crímenes atroces
40. Esta situación sostenida de ilegalidad impune, con las violaciones del derecho internacional y los crímenes internacionales que conlleva, ha dado lugar, como era de esperar, a nuevas violaciones atroces, que equivalen a crímenes atroces, cometidas desde octubre de 2023. Estos, a su vez, han precipitado la apertura por parte de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional de procedimientos relativos a Israel: el primero relacionado con el genocidio, el segundo con los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
41. El 26 de enero de 2024, a raíz de los procedimientos de Sudáfrica contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, la CIJ ordenó a Israel que adoptara "todas las medidas" a su alcance para prevenir actos genocidas contra palestinos,116 y en mayo de 2024, la Corte ordenó a Israel que "detuviera inmediatamente" las operaciones militares que pudieran provocar condiciones de vida destinadas a destruirlas.117 En procedimientos separados, Nicaragua contra Alemania, la CIJ recordó a todos los Estados "sus obligaciones internacionales relativas a la transferencia de armas118 a las partes en un conflicto armado, a fin de evitar el riesgo de que dichas armas puedan ser utilizadas para violar" el derecho internacional.119
42. Al poner a los Estados en conocimiento explícito de este riesgo de genocidio, las sentencias de la CIJ comprometieron la obligación, en virtud del artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio, de "prevenir y castigar" el genocidio, exponiendo así a todos aquellos que continúen ayudando, instigando o asistiendo a Israel en la comisión de tales actos a una posible responsabilidad internacional por complicidad en el genocidio.
43. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de detención en la situación en el Estado de Palestina contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, sobre la base de que existen motivos razonables para creer que son responsables penales de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
3.4. Consecuencias para las personas jurídicas
44. Los acontecimientos jurídicos mencionados han modificado significativamente la evaluación de la responsabilidad de las empresas y la posible responsabilidad, que ahora debe interpretarse a la luz de estas órdenes y decisiones de los tribunales internacionales.
45. La magnitud y la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo de los decenios de ocupación militar israelí —que han contribuido a afianzar un régimen de apartheid colonial de asentamientos— ya deberían haber alertado a los agentes empresariales de su responsabilidad de evitar causar, contribuir a ellas o estar directamente vinculadas a ellas, y de la posibilidad de que puedan haber sido cómplices de la comisión de crímenes internacionales, por ejemplo, ayudándolos, instigándolos y facilitándolos. La economía política de la ocupación israelí expuesta en el informe es ilustrativa de la imbricación de todo tipo de actividades corporativas con el desplazamiento y la sustitución de palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados. Como mínimo, esto vinculó directamente estas actividades corporativas con un conjunto de violaciones arraigadas y estructurales que casi con certeza ya desencadenaron la responsabilidad de las entidades corporativas de cesar la participación vinculada a los Territorios Palestinos Ocupados en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, sobre la base de su limitada capacidad para ejercer influencia con el fin de prevenir o mitigar el impacto adverso. Sin embargo, los recientes y en curso procedimientos de la CIJ y la CPI han eliminado cualquier posible duda y han puesto a las entidades corporativas –ya sean subsidiarias, empresas matrices o actores directos e inversores– sobre aviso del grave riesgo de estar implicadas en violaciones muy graves del derecho internacional, incluidas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, y de que sus acciones hayan contribuido a estas violaciones y crímenes o se hayan convertido en cómplices penales de ellas.
46. La continua ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados por Israel crea una situación insostenible para que las entidades corporativas simplemente continúen como de costumbre. La conclusión de que la ocupación es ilegal per se, y de que pueden haberse cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio, y posiblemente el crimen de agresión, ha ido mucho más allá de un "mayor riesgo" de efectos adversos para los derechos humanos. El sector privado debe, en su propio interés, reconsiderar urgentemente todo compromiso relacionado con la economía de ocupación y ahora con el genocidio de Israel.
47. Una consecuencia de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es la exigencia de una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas, que ahora deben abordar la ilegalidad fundamental en el corazón de la empresa de Israel. Ya no pueden limitar sus evaluaciones legales y medidas de mitigación a cuestiones sobre la conducta específica de Israel y si se respetan ciertos derechos humanos (por ejemplo, los derechos ambientales, los derechos de los trabajadores o de los niños o la falta de garantías de juicios justos) y los marcos humanitarios.120 Por ejemplo, el encarcelamiento de miles de palestinos, ya sea en detención administrativa o después de haber sido condenados en tribunales militares, es ilegal debido a la falta de autoridad legal y porque forma parte de un sistema de gobernanza que utiliza el encarcelamiento masivo de palestinos como herramienta de represión sistémica y desplazamiento forzado, y no solo por la ausencia de garantías de juicios justos. La Opinión Consultiva también señala que las personas jurídicas deben reconocer la primacía del derecho a la libre determinación y su función interpretativa en la construcción de todas las demás protecciones de los derechos humanos.121 Esto significa que las políticas de derechos humanos y los marcos ambientales, sociales y de gobernanza no pueden seguir pasando por alto el derecho a la libre determinación, que está firmemente arraigado en el derecho de los derechos humanos. 122 reconocido como un derecho fundamental de todos los pueblos, y el requisito previo de todos los demás derechos.123
48. También significa reconocer que cualquier compromiso con el pueblo palestino y con los Territorios Palestinos Ocupados debe respetar su derecho a la libre determinación. Esto sustituye las justificaciones paternalistas basadas en las obligaciones fiduciarias de la potencia ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, e invalida las justificaciones engañosas de las entidades corporativas, como que una inversión a través de Israel como ocupante puede beneficiar también a los palestinos, o que la desinversión tendría impactos adversos en los derechos humanos.124
49. La Opinión Consultiva de la CIJ, respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, impone una responsabilidad prima facie a las personas jurídicas de no participar y/o retirarse total e incondicionalmente de cualquier trato con cualquier componente de la ocupación. Cuando las entidades corporativas hacen caso omiso de este aviso, no cumplen con sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y continúan participando a través de sus actividades y relaciones con Israel, su economía, su sector militar y privado conectado con los Territorios Palestinos Ocupados, a sabiendas contribuyen o causan violaciones, incluida la denegación del derecho palestino a la libre determinación, la anexión permanente de territorio palestino o el mantenimiento de la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel. El aumento de la responsabilidad jurídica surge también porque el mantenimiento continuo de cualquier relación y actividad en un contexto tan grave contribuye a legitimar la conducta israelí y a fomentar la impunidad, lo que a su vez conduce a una conducta cada vez más atroz. La normalización de lo ilegal es esencial para la supervivencia de la empresa colonial de asentamiento de Israel.
50. Ahora bien, se trata de una economía política que siempre fue eliminatoria y se ha convertido en modo genocida. Confirmando esto, las Medidas Provisionales de la CIJ y las Órdenes de Arresto de la CPI señalan el riesgo de que las entidades corporativas -y sus ejecutivos- que participan en los TPO estén implicadas en graves crímenes internacionales. Por lo tanto, cualquier decisión de seguir participando en la economía de Israel se hace con conocimiento de los crímenes que pueden estar ocurriendo y del hecho de que pueden proporcionar apoyo material a Israel para que siga cometiendo esos crímenes.
51. Las personas jurídicas y sus ejecutivos pueden, y de hecho deben, ser responsables civil o penalmente de tales conductas, además de la multitud de otros delitos y violaciones de los derechos humanos que forman parte de la economía de la ocupación. Las acciones que las entidades y los ejecutivos tomen o no de acuerdo con sus responsabilidades, en relación con estos desarrollos legales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, tienen relevancia material para las preguntas probatorias clave que surgirían en el curso de la determinación de su responsabilidad civil y/o penal.
1 A/HRC/59/23], para. 5
2 United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights,
www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
3 UNGP 13
4 UNDP, Heightened Human Rights Due Diligence for Businesses in Conflicted Affect Contexts: A Guide, www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide (“UNDP Heighened HRDD”); UNGP 7 Commentary; OECD, Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en.html (“OECD Guidelines”), para. 43
5 A/75/212 (2020), para 10
6 See Section 2.3
7 A/HRC/4/35/Add.1 (2007); UNGP 1-7
8 UNGP 7 Commentary, CCPR, General Comment 31 (2004), para 10; CESCR, General Comment 24 (2017), paras. 25-37; consider CCPR/C/DEU/CO/6, para. 16
9 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Arts 5, 8, 9, 11; CESCR General Comment 24 (2017), para. 11
10 UNGP 4
11 UNGP 14
12 UNGP 23; UNGP 11 Commentary; OECD Guidelines, para. 43; HR/PUB/12/02 (2012), pp. 13-14; https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2024/06/20240328_Due-diligence-and-corporate-accountability-in-the-arms-value-chain.pdf.
13 UNGP 13; Submission (1.13.a)
14 A/HRC/RES/17/4 (2011); Irene Pietropaoli, “Expert Legal Opinion: the Obligations of Third States and Corporations to Prevent and Punish Genocide”, 5 June 2024, www.alhaq.org/advocacy/23294.html, p. 38
15 Note: the UNGPs refer to “adverse human rights impact”, this text uses “human rights violations” to reflect the context of the oPt, where violations and crimes are occurring
16 UNGP 13, Submission (1.13.b) p. 20
17 Rachel Davis, “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and Conflict-Affected Areas: State Obligations and Business Responsibilities”, Int’l Rev. Red Cross, vol. 94, No. 887, (2012), p. 973; Tara Van Ho, “Defining the Relationships: ‘Cause, Contribute, and Directly Linked to’ in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 43, No. 4, (November 2021), p. 634; see also Note by the Chair of the Negotiations on the 2011 Revision, Regarding the Terminology on “Directly Linked”, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011 Revision), https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-3.pdf.
18 Ibid
19 Irene Pietropaoli, “Expert Legal Opinion”, p. 38.
20 UNGP Commentary to Principles 17 and 19; Tara Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 631, John Ruggie, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights (2013), p. 99; Surya Deva, “Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?”, Leiden Journal of International Law, vol. 36 (2023), 389.
21 UNGP 7; UNDP Heightened HRDD Guide; A/75/212 (2020); A/HRC/17/32 (2011).
22 UNDP Heightened HRDD Guide; p. 26.
23 UNGP 7, 23 Commentary; UNDP Heightened HRDD, p.10; UN, Framework of Analysis for Atrocity Crimes - A tool for prevention, 2014, www.refworld.org/reference/manuals/un/2014/en/102631 (“Framework for Atrocity Crimes”); A/75/212 (2020), para. 43; www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf; See also: T.L. Van Ho and M.K. Alshaleel, “The Mutual Fund Industry and the Protection of Human Rights” Human Rights Law Review, vol. 18, No. 1 (2018).
24 OHCHR, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: Interpretative Guide, 2017, www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf (“OHCHR Interpretative Guide”), p. 5; Tara Van Ho, “Defining the Relationships”.
25 UNGP 19 Commentary, UNGP 22.
26 UNGP 17 Commentary.
27 UNGP 19 Commentary; OHCHR Interpretative Guide, p. 7.
28 UNGP 19 Commentary; Tara Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 635; OHCHR, Response to Request
from BankTrack for Advice Regarding the Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of the Banking Sector 5 (12 June 2017),
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf, p.7.
29 John Ruggie and John Sherman, “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale”, The European Journal of International Law, vol. 28, No. 3 (November 2017), pp. 923-924.
30 UNGP 18 and Commentary; Submission (1.5.b); Ruggie and Sherman, “The Concept of Due Diligence’”, p. 924. See David Bilchitz and Surya Deva, “The human rights obligations of business: a critical framework for the future” in Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect (CUP, 2013), p. 11
31 Tara Van Ho, “Defining the Relationships”, p. 631; Surya Deva, “Mandatory human rights due diligence”, pp. 395-396.
32 UNGP 12 Commentary, 14 Commentary
33 UNGP 14; OECD Guidelines, p. 31; Submission 1.3
34 A/75/212 (2020), para. 13.
35 A/75/212 (2020), paras. 19-21; Framework for Atrocity Crimes; UNGP 17 Commentary; OECD Guidelines, paras. 50, 51.
36 UNGP 7, 13, 17, 19, 23 Commentary.
37 Krupp Case (United States of America v. Alfried Krupp), Judgment of 31 July 1948, in Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. IX; I.G Farben Case (United States of America v. Carl Krauch et al.), Judgment of 30 July 1948, in Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. VIII.
38 Submission (1.3); Anita Ramasastry, “Corporate Complicity: From Nuremberg to Rangoon - An Examination of Forced Labor Cases and Their Impact on the Liability of Multinational Corporations” Berkeley Journal of International Law vol. 20, Issue 1, p. 91. Annika van Baar, “Transnational Holocaust Litigation and Corporate Accountability for Atrocities Beyond Nuremberg” (19 February 2019); Jonathan Kolieb, ‘Through the Looking-Glass: Nuremberg’s Confusing Legacy on Corporate Accountability under International Law’ American University International Law Review vol. 32, No. 2, (2017), p. 569, 582.
39 Michael Kelly, Prosecuting Corporations for Genocide (OUP, 2016); Submission 1.3; A/75/212, para. 11.
40 International Law Commision, Draft articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, with commentaries, 2019, A/74/10, pp. 81-84, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_7_2019.pdf, African Union, Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, 27 June 2014, art. 46 (not yet in force); Special Tribunal for Lebanon, New TV S.A.L. Karma Mohamed Tashin Al Khayat, Case No. STL-14-05/PT/AP/AR126.1, Decision of 2 October 2014; U.S. v. Krauch, et. al, (the I.G. Farben Case), VIII Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, iii-iv (1952); contra UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Official Records, vol. III (A/CONF.183/13), art. 23, para. 6, footnote 71.
41 E.g. Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año 1, N° 180, 10 February 2014, art. 90; www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/businessand_intcrime.pdf
42 Genocide Convention, Article VI; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, para 420; Michael Kelly, Prosecuting Corporations for Genocide.
43 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973), art I(2).
44 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, art. 5
45 UN Convention against Transnational Organized Crime, art. 10.
46 UN Convention against Corruption, art. 26.
47 International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v Blaškić, Case No. IT-95-14-A, 29 April 2004, paras. 46-47.
48 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 533-538; Prosecutor v. Blagojević, Case No. IT-02-60-T,, para. 777; International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Kamuhanda, Case No. ICTR-95-54A-A, Judgment, 22 January 2003, para. 596.
49 International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, Case No. ICTR-99-52-T, Judgment, Summary, 3 December 2003, paras. 973-974.
50 Note: the most common criminal standard requires “a substantial effect” on the commission of the crime: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, 7 May 1997, paras. 688-692; while the ICC does not set such a high standard, an “effect” is sufficient: International Criminal Court, Prosecutor v. Bemba, Case No. ICC-01/05-01/13, Trial Judgment Pursuant to Article 72 of the Statute, 19 October 2016, para. 90; International Criminal Court, Prosecutor v. Al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15, Decision on the Confirmation of Charges, 24 March 2016, para. 26; See Oona A. Hathaway et al, “Aiding and Abetting in International Criminal Law”, Cornell Law Review, vol. 104, (2019), pp.1606-1609.
51 International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Prosecutor v Furundzija, Trial Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, paras. 209, 235; www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Vol.1-Corporate-legal-accountability-thematic-report-2008.pdf, pp. 9, 39-40; Irene Pietropaoli, “Expert Legal Opinion”, pp. 18-19; consider also the Lundin Oil Case before the Swedish District Court, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/lundin-petroleum-lawsuit-re-complicity-war-crimes-sudan/.
52 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 541; Prosecutor v. Blagojević, Case No. IT-02-60-T, paras. 384, 777; International Criminal Tribunal for Rwanda, Prosecutor v Ntakirutimana and Ntakirutimana, Case No. ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Appeal Judgement, 13 December 2004, paras. 500-501, 551; see also in the context of state responsibility: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, para 421; William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (CUP, 2009) p. 522.
53 Rome Statute, Article 25(3)(c) (Emphasis added); International Criminal Court, Prosecutor v. Bemba, Case No. ICC-01/05-01/13, Trial Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute, para. 97 (Oct. 19, 2016).
54 International Residual Mechanism for International Criminal Tribunals, Prosecutor v Kabuga (Case No. MICT-13-38-PT, Prosecution’s Second Amended Indictment, 1 March 2021, paras. 9, 25, 30, 34.
55 Trial of Bruno Tesch and Two Others (The Zyklon B Case) (1947) 1 Law Reports of Trials of War Criminals 93 (British Military Court, Hamburg) pp. 102.
56 A/HRC/RES/31/36 (2016); A/HRC/RES/53/25 (2023); UN Database: www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session31/database-hrc3136.
57 Supreme Court of the United Kingdom, Vedanta Resources PLC v Lungowe [2019] UKSC 20.
58 District Court of The Hague, Public Prosecutor v. Frans Cornelis Adrianus van Anraat, 23 December 2005, www.internationalcrimesdatabase.org/Case/178/Van-Anraat/.
59 “Communiques de Presse: Lafarge Poursuivi Pour Financement Presume de Terrorisme” (15 November 2016). Cour de cassation, [7 September 2021] Pourvoi No. 19-87.036; www.asso-sherpa.org/lafarge-in-syria-french-supreme-court-issues-decisive-ruling-on-charges-faced-by-the-multinational.
60 www.business-humanrights.org/en/latest-news/lundin-petroleum-lawsuit-re-complicity-war-crimes-sudan/.
61 Alien Torts Statute, 28 US Code, para. 1350; note Supreme Court decisions in Sosa v. Alvarez-Machain; Kiobel v. Royal Dutch Petroleum; Jesner v. Arab Bank and Nestle v. Doe have severely restricted the scope of the Statute in recent years; see Federica Violi, “Navigating Corporate Accountability in International Economic Law: A Critical Overview”, (2024) in Ioannis Papadopoulos, et al., (eds), Handbook of Accountability Studies: Politics, Law, Business, Work (Elgar Publishing, forthcoming 2025).
62 Doe v Unocal (hereafter Unocal) https://earthrights.org/case/doe-v-unocal/#timelineff69-1a905f26-f4b6, Wiwa v Royal Dutch Petroleum Co (Wiwa), Talisman, Bowoto v Chevron (Bowoto), John Does v Exxon Mobil Corp (Exxon Mobil), Rio Tinto, and Beanal v Freeport-McMoran Inc. (Beanal). 7
63 E.g. Proceeds of Crime Act 2002 (UK)
64 Consider World Uyghur Congress v National Crime Agency [2024] EWCA Civ 715.
65 French Duty of Vigilance Act 2017, LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
66 German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chain 2021, Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, 16 July 2021.
67 Norwegian Transparency Act 2021, Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions, https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99.
68 Swiss Due Diligence Act 2021, Nicolas Bueno, “The Swiss Human Rights Due Diligence Legislation: Between Law and Politics”, Business and Human Rights Journal, vol. 6, No. 3 (2021), pp. 542-549.
69 EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 2024/1760, (July 2024).
70 www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-ohchr-publishes-commentary-on-omnibus-proposal-warns-that-omnibus-proposal-risks-backsliding-on-csddd/.
71 https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en#what-are-the-obligations-for-companies; www.morganlewis.com/pubs/2024/03/the-first-french-court-rulings-on-the-duty-of-vigilanc.
72 Regulation (EU) 2021/821
73 Regulation (EU) 2024/301
74 e.g. www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/2022.09.05_gpfg_guidelines_observation_exclusion.pdf; www.ccc.ca/wp-content/uploads/2019/12/9.-CCC-Human-Rights-Due-Diligence-Guidelines-Defence-Security.pdf.
75 OECD Guidelines.
76 https://mneguidelines.oecd.org/ncps/israel.htm.
77 https://mneguidelines.oecd.org/ncps/how-do-ncps-handle-cases.htm.
78 UK National Contact Point, Final Statement: Lawyers for Palestinian Human Rights complaint to UK NCP about JCB, Decision, 12 November 2021; Spanish National Contact Point, Final Statement: Comité de Solidaridad de la Causa Árabe (CSCA) & a company active in the construction sector, 25 May 2022.
79 Ralph Wilde, Legal Opinion, 1 December 2024, https://alhaqeurope.org/wp-content/uploads/2024/12/ralph_wilde_icj_opt_ao_thirdstateseu_legal_opinion.pdf, paras. 91-94.
80 www.alhaq.org/cached_uploads/download/2025/01/14/punishing-a-nation-1736840036.pdf ; www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Annexation_Wall_english.pdf; https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp-e-11-1618822997.pdf; https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/icl-wp12-eng-1618823024.pdf; www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid.
81 UNSC 242 (1967), 338 (1973), S/RES/2334 (2016)
82 CERD/C/113/3
83 A/HRC/49/87 (2022); A/HRC/13/53 (2010)
84 A/HRC/28/79 (2015); A/HRC/50/21 (2022)
85 www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
86 www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/; www.amnesty.org.uk/files/2018-09/3.%20Campaign%20Briefing%201%20-%20Israel%20Palestine%2050%20years%20of%20occupation.pdf?5wqeX6EBe_M50pnGGMDOt1UJj3FPvx6q=.
87 www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2003/07/6bb117b13425504685256ea90055c8ab_assessment.pdf; https://unispal.un.org/pdfs/GS_HumImplosion.pdf.
88 https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp104-palestinians-five-years-of-illegality_4.pdf.
89 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, I.C.J. Reports 2004, paras. 120-123; 163(3)(D)
90 https://bdsmovement.net/BNC.
91 www.whoprofits.org/; https://afsc.org/; https://dontbuyintooccupation.org/; https://act.progressive.international/watermelon/
92 www.klp.no/en/corporate-responsibility-and-responsible-investments/exclusion-and-dialogue/exclude-caterpillar-inc.pdf.
93 www.gov.ie/en/department-of-finance/press-releases/minister-mcgrath-notes-ntma-confirmation-of-divestment-from-certain-investments-in-the-occupied-palestinian-territory/.
94 https://hwkvufmtfxjkrhbrfqkj.supabase.co/storage/v1/object/public/PUB/AXA_investments_Israeli_banks_report.pdf
95 www.middleeastmonitor.com/20150829-veolia-completes-withdrawal-from-israel-in-victory-for-bds-campaign/
96 www.crh.com/media/1062/dev-strat-update-07012016_2.pdf.
97 www.generalmills.com/news/stories/an-update-on-general-mills-joint-venture-in-israel
98 https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1524001-1525000/H1524391.htm; www.g4s.com/news-and-insights/news/2017/06/29/sale-of-g4s-secure-solutions-israel-ltd; www.g4s.com/news-and-insights/news/2016/05/23/statement-regarding-the-sale-of-g4s-israel
99 www.y-yokohama.com/release/pdf/2024111414mg004.pdf
100 www.reuters.com/business/retail-consumer/british-sandwich-chain-pret-abandons-plan-open-israel-2024-06-03/
101 www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2021/unilever-statement-on-ben-and-jerrys-decision/; www.nbcnews.com/business/business-news/ben-jerry-s-withdraws-sales-israeli-settlements-clashes-parent-company-n1274403; https://fortune.com/europe/2025/03/19/unilever-oppressiveness-ben-jerrys-ceo-sacked-social-mission/; www.timesofisrael.com/ben-jerrys-founder-said-looking-to-buy-back-company-from-unilever-amid-israel-spat/
102 www.bdsmovement.net/news/israel-football-association-loses-yet-another-sponsor
103 A/HRC/22/63 (2013) para. 96; A/HRC/RES/31/36 (2016); A/HRC/43/71 (2020).
104 www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf para. 14.
105 Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 2024, para. 111.
106 Ibid., paras. 155 and 261–264.
107 Ibid., paras. 173, 179 and 252.
108 Ibid., paras. 223-229.
109 Ibid., paras. 252-258.
110 Rome Statute, Article 8 bis; A/77/356, para. 22.
111 Ralph Wilde, Legal Opinion, para 45.
112 Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202, paras. 230-233; A/77/356 paras. 16-18.
113 A/77/356 (2022) para. 237.
114 A/RES/ES-10/24 (2024), para. 2.
115 Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202, paras. 278-279.
116 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order, 26 January 2024, I.C.J. Reports 2024, para. 86(1)
117 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Request for the Modification of the Order of 28 March 2024, Order, 24 May 2024, I.C.J. Reports 2024, paras. 29, 57(2)(a).
118 www.un.org/unispal/document/arms-transfers-un-experts-20jun24/
119 Alleged Breaches of Certain International Obligations in Respect of the Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany), Order, 30 April 2024, I.C.J. Reports 2024, paras. 22–24; Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024, I.C.J. Reports 202, para. 285(7).
120 Ralph Wilde, Legal Opinion, paras. 51-52.
121 CCPR/C/70/D/547/1993, para. 9.2; CCPR/C/124/D/2950/2017, paras. 9.9-9.11; CCPR/C/124/D/2668/2015, paras. 1.4, 2.4, 6.11
122 Common Article 1 of both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
123 A/RES/637(VII); CCPR General Comment No. 12 (1984) para. 1.
124 UNGP Commentary to 19; Tyler Mcreary, “Historicising the encounter between state, corporate and indigenous authorities on Gitxsan lands” Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 33, No. 3, (May 2016), p. 18.
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